Navarra cierra este miércoles con el Estado el traspaso de la sanidad penitenciaria. “Será un cambio a mejor”, asegura el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, para quien la competencia es mucho más que un paso en el desarrollo del autogobierno. Atender a la población reclusa desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea será, simplemente, “mejor”. Con la competencia en la mano, el Gobierno de Navarra podrá extender a los presos planes específicos de la sanidad pública que atajen el origen de un problema combinado gravísimo del que deriva el 70% de casos que terminan en prisión: vulnerabilidad social por trastornos de salud mental y drogadicción.

¿Qué supone esta firma?

-Es el primer paso para que Navarra pueda empezar a hacer políticas de inclusión en el ámbito penitenciario. Si tú examinas las tasas de criminalidad e ingresos en prisión, hay un porcentaje altísimo que deriva de dos problemas que se juntan: drogodependencia y salud mental. En Navarra tendremos entre 2.000 y 3.000 personas que pueden estar en situación de esa vulnerabilidad, con una tasa de población penitenciaria de 300 personas en el pico máximo. Desde 2011, la norma es: el que la hace la paga. Da igual cuáles sean tus condiciones. A partir de ahora, este traspaso va a permitir empezar a desarrollar con cada persona, de forma individualizada, una alternativa sociosanitaria, un programa adaptado que ataje el origen del problema.

Es decir, que Navarra quiere asumir la competencia, pero para proporcionar un mejor servicio, ¿no?

-Eso es. No es un quítate el tricornio y ponte la txapela. Significa un primer paso para hacer algo diferente. Debemos dejar ese populismo punitivo de quien la hace la paga, porque así no se soluciona el problema. El modelo que proponemos es: vamos a determinar las causas que provocan estas tasas. Tenemos un 70% de personas en prisión con problemas de salud mental y drogodependencia. Si la única alternativa es la cárcel, que no es un ámbito terapéutico, cuando salen esas personas tienen el mismo cuadro, pero agravado.

Habrá quien piense que eso es terreno abonado para la impunidad.

-¿No será más adecuado empezar a trabajar en el sistema judicial y comunitario sobre alternativas coercitivas, que la condena se cumpla de otro modo, pero que vaya a los factores? Tenemos una población reclusa muy asequible, 300 personas en récord histórico, una cifra que es perfectamente abordable. En Navarra, todo el mundo tiene derecho a la salud, salvo las personas sin documentación por imperativo legal del Estado. Vamos a cambiar ese modelo; no vamos a coger el testigo del Estado, vamos a cambiar las gafas de ver el problema, vamos a hacer las cosas diferente.

¿Las cosas no pueden seguir como estaban?

-Esto es algo que reconoce todo el mundo que opera en este campo, de jueces a abogados, pasando por asociaciones. La sanidad penitenciaria es importantísima, incide en muchas de las causas que determinan que la gente esté en prisión. Ese modelo nos da la pauta a seguir.

Esto, ¿en qué se concreta?

-Hasta ahora, Navarra pagaba el 1,6% de toda la sanidad penitenciaria y recibía un servicio parcial. Si el Estado daba un servicio bueno, malo o regular, daba igual, porque nosotros no podíamos cambiarlo. Con los costes fijos estábamos pagando por encima para el servicio que se estaba dando. ¿En qué se concreta esto? A partir de ahora, las personas presas tienen acceso a todos los programas individuales de Osasunbidea. Por ejemplo: las mujeres presas tendrán acceso a los programas de prevención de cáncer de útero, y hasta ahora estaban bajo la tutela de una Administración que no proporcionaba este servicio, que proporcionaba otros. Era un servicio diferente, pero diferente a peor, y sin mirada de género, dicho sea de paso. Ahora la atención no se va a hacer con criterio penitenciario, sino que los criterios ya van a ser los que Osasunbidea establece para toda la población.

Esto tiene un coste. ¿Se ha calculado?

-Me resulta complicado, pero supongo que es calculable. El coste será el de incorporar a Osasunbidea 300 personas. Verlo todo en términos económicos puede ser engañoso. Sí, Salud gastará más. Pero igual nos lo estamos ahorrando en justicia gratuita, por ejemplo. O en juicios, si baja la tasa de delitos porque atendemos los problemas de raíz y mejor. Ya tenemos en marcha un estudio con la UPNA, que es referencia mundial en big data, para tener absolutamente controlados todos los datos. Tomemos decisiones públicas basadas en datos.

¿La pandemia ha puesto todavía más de relieve esta necesidad?

-Con la pandemia ha pasado una cosa curiosa: para evitar entradas y salidas, a las personas en tercer grado se les ha dado más libertad. Y ha salido bien, porque no ha habido más delincuencia. Hacer más reinserción no supone un riesgo social. En lo peor de la pandemia, las cárceles han sido como residencias: se han cerrado. Y eso es duro. Yo he tenido conversaciones fluidas con la dirección de la cárcel, pero llego hasta cierto punto, porque no tengo competencias.

¿La sanidad penitenciaria es la antesala del traspaso de la gestión de prisiones?

-Yo me identifico con lo que dice el Amejoramiento: Navarra puede tener esa competencia. Pero el acuerdo político en el que se sustenta este Gobierno no prevé la transferencia para esta legislatura. La lógica te dice que si quieres hacer una política integral, tienes que tener la competencia. Pero como consejero de este Gobierno me tengo que atener a lo que marca el acuerdo político.

LAS FRASES

"LA COMBINACIÓN ENTRE DROGA Y TRASTORNOS MENTALES ESTÁ DETRÁS DEL 70% DE LOS PRESOS; ES UN PROBLEMA DE SALUD QUE AHORA VAMOS A PODER ATAJAR CON MEDIOS PROPIOS"

"ASUMIR LA COMPETENCIA SERÁ TAN CARO COMO INCORPORAR A 300 PERSONAS MÁS A LA RED DE OSASUNBIDEA, Y LOS BENEFICIOS SERÁN MAYORES"