- A tan solo una semana de que se reúna la comisión bilateral entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat -en la que se debatirán cuestiones técnicas como transferencias o inversiones en Catalunya-, los partidos independentistas comienzan a dividir sus posiciones respecto a la futura reunión de la mesa de diálogo mediante su particular cruce de acusaciones.

El expresident y líder de JxCat, Carles Puigdemont, fue el primero en abrir la veda el pasado domingo en un acto en Francia, en el que dijo que "los procesos políticos para hacer un país no se pueden decidir en un despacho ni en una mesa de diálogo", restándole validez a las decisiones que se tomen en la reunión sobre el conflicto catalán que tendrá lugar en septiembre entre la Generalitat y el Ejecutivo español.

Ayer, tras las declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Villalta, las posiciones de los dos partidos que conforman el Govern volvieron a chocar por la apuesta de diálogo con La Moncloa. Villalta no hizo oídos sordos y respondió a las palabras de Puigdemont, defendiendo la mesa de diálogo que promovió su partido ante "los que se empeñan en menospreciarla". La republicana también se mostró escéptica sobre la posición del Gobierno de Sánchez en el conflicto catalán, pero insistió en que no se puede caer en "la estrategia de los brazos caídos", haciendo referencia a la falta de convicción de Junts en este tema.

Momentos después, la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, respondió a las acusaciones lanzadas por Villalta. "Nosotros no sentimos menosprecio por nada ni por nadie, así que no nos sentimos aludidos", replicó. También puso en cuestión si "realmente son necesarios dos años para ver qué recorrido tiene la supuesta mesa de diálogo", criticando la actitud del Gobierno de Sánchez. Los dos años a los que hace referencia Artadi son los que recoge el acuerdo que ERC selló con la CUP para aflorar la investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat.

Ante este cruce de acusaciones entre los partidos del Ejecutivo catalán, la secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, pidió ayer a ERC y Junts que acuerden una "estrategia común" para la mesa de diálogo con el Gobierno de Sánchez. "Mal empezamos si los socios del Govern tienen posicionamientos tan divergentes". La líder del PDeCAT fue más allá, y criticó que ambos partidos empiecen a "torpedear" la mesa antes de que esta empiece. "Ya viene siendo común esta división de posturas, pero les pedimos ir la mesa con propuestas, estrategia común y voluntad de dialogar y alcanzar soluciones", subrayó.

Chacón abrió la puerta del PDeCAT a los militantes de JxCat de cara a las próximas elecciones municipales de 2023, en respuesta a las declaraciones del vicepresidente de Junts, Jordi Turull, en las que abogaba por que los alcaldes del PDeCAT vayan en las listas de su partido. "Es normal que quieran captar alcaldías o candidatos hasta ahora del PDeCAT. Es una ofensiva, pero somos dos partidos distintos con dos modelos de país distinto. Nosotros lo tenemos claro, ellos están en esta ambigüedad", señaló la líder del PDeCAT.

Chacón indicó que su partido se mantiene abierto "a alianzas específicas" en varios municipios, aunque excluyó de este posible pacto a las "grandes ciudades", como Barcelona. El PDeCAT ha ofrecido a Junts alcanzar un acuerdo electoral que evite que tengan que competir en las próximas elecciones municipales, y sus esfuerzos pasan ahora por cerrar candidaturas en todas las provincias, con el fin de preservar los "proyectos locales" que han ido desarrollando sus alcaldes, según declaró la secretaria general del partido.

A la espera de una decisión. Esta madrugada a las 00:00h acabó el plazo para que los expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros excargos del Govern, presentaran la fianza de 5,4 millones de euros que les reclamaba el Tribunal de Cuentas por promover el procés en el exterior. De este modo, la instructora Esperanza García ya analiza todos los documentos presentados y emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas, que dudan de la legalidad de acudir al Institut Català de Finances (ICF) para realizar estos pagos.