La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha confirmado una reforma de la ley de Renta Garantizada (RG) y asegurado que Navarra dispone de un amplio sistema de prestaciones y medidas fiscales, "uno de los sistemas más fuertes y sólidos del país, si no el que más, e imprescindible para no dejar a nadie atrás".
En respuesta a una interpelación del parlamentario de Podemos Mikel Buil sobre ingresos mínimos y Renta Garantizada, la consejera ha indicado que estas herramientas son "piedra angular" y añadido que el sistema de garantía de ingresos incluye distintas prestaciones económicas y medidas fiscales.
Hoy el gasto total en Renta Garantizada es de 110,6 millones, un 3% menos que en 2020 por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y se han aplicado deducciones fiscales por más de 14 millones de euros a pensionistas, un 15% más.
A ello ha sumado las ayudas a entidades locales para procesos de emergencia e inclusión, los complementos a pensiones no contributivas y otras medidas fiscales por un total de 40 millones de euros.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital ha apuntado que permite avanzar en la lucha contra la pobreza severa y, pendientes de conocer los estímulos al empleo que apruebe el Estado, ha valorado que sea compatible en Navarra con la Renta Garantizada.
En este sentido ha añadido que se pondrá en marcha un sistema de tramitación online y presencial conjunto para ambas, lo que las hará más ágiles y reducirá burocracia y tiempos de espera, y ha valorado además la incidencia "positiva" que tendrá para la redistribución de rentas la subida del SMI y aprobación de la reforma laboral.
Antes Buil ha lamentado el retraso en los estímulos al empleo aunque sí se ha felicitado por la reforma de la ley de Renta Garantizada, que debería haber estado en marcha "hace tres años".
Ha apostado así por que la RG permita luchar contra la pobreza infantil, superar el umbral de la pobreza severa en todos los hogares, y para ello hace falta mayor gasto social, y "complementar los salarios escasos con otras medidas redistributivas" porque "pobreza y precariedad son la peor pandemia", al tiempo que ha pedido una mayor agilidad y facilidad en la tramitación de la misma.
Para Navarra Suma, ha dicho Marta Álvarez, hay "sobradas razones para no estar contentos con los resultados" de la Renta Garantizada, que crece entre 4.000 y 5.000 personas anuales mientras el derecho de inclusión solo llega a "unas poquitas", por lo que es "un subsidio sin contraprestación" cuando la mayoría de las personas no ha trabajado "ni un solo día" en un año, cuando se ha pasado desde 2015 de "2.000 perceptores a 14.000 al tiempo que crece la tasa de pobreza".
"Tampoco el Ingreso Mínimo Vital va a ser la solución porque seguimos con el mismo problema en el modelo", ha afirmado, y augurado que "el año que viene hablan salido de la Renta Garantizada por inclusión menos del 5% de los perceptores", un resultado "nefasto".
La socialista Nuria Medina ha sostenido sin embargo que el actual sistema es "un compromiso publico imprescindible, una red de protección para cubrir las necesidades más básicas" con una garantía de ingresos compatible con medidas para la inclusión, punto en el que ha subrayado que un 30% de los perceptores de RG trabaja.
Y ha añadido que el IMV, la subida del SMI y las reformas laboral y de las pensiones "son hechos, realidades" de una política que pone a las personas en el centro, mientras que la reforma del PP fue "una máquina degenerar exclusión y trabajadores pobres".
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha señalado que la Renta Garantizada es clave en la lucha contra la pobreza y compartido que el 30,7% de sus perceptores en 2020 la compatibilizaban con una actividad laboral frente al 6% de 2019, por lo que ha sostenido que es "un buen modelo" pero también "un derecho" para combatir la pobreza en el que no aceptarán "ningún recorte", como tampoco con respeto a la inclusión, cuyo plan operativo ha reclamado junto a los estímulos al empleo.
Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, ha alertado de "la cronificación de la pobreza en Navarra" y "del "incremento de las desigualdades", de ahí que su coalición reivindique una serie de cambios en la Renta Garantizada para ajustarla a las actuales necesidades, atender a los trabajadores pobres y agilizar trámites, al tiempo que ha lamentado que se haya aprobado una reforma laboral "insuficiente" aunque sirva para "maquillar estadísticas".
Para I-E, ha indicado Marisa de Simón, "tener una garantía de ingresos mínimos significa justicia social, cohesión social y desarrollo para el futuro", y ha puesto en valor un sistema que ha dado "soporte" durante la crisis a muchas familias y para cuya mejora ha defendido una reforma fiscal.
