- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado las conclusiones del juez Manuel García Castellón al dar por finalizada la investigación sobre la operación Kitchen y confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que confirma a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, como máximo responsable del supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes.

García Castellón procesó por ello a un total de once personas, entre ellos Fernández Díaz, y la Sala de lo Penal ha avalado ahora los indicios en los que se basa aquella imputación, fundamentalmente porque esta se basa en las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y los mensajes que se intercambiaron.

Los magistrados entienden que la explicación que dio Fernández Díaz sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, deberá efectuarla el órgano enjuiciador. De momento, “la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado”, concluyen.

Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala de lo Penal ha ratificado el procesamiento del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, de los exmandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, y del exchofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

Por contra, la sala ha optado por mantener el statu quo, de modo que De Cospedal queda definitivamente fuera de la causa, al igual que el ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que nunca ha estado investigado pero que el Ministerio Público pedía interrogar como tal en el caso de que se reabrieran las pesquisas.

Esta decisión de la Audiencia Nacional viene a rechazar en parte el recurso de la mayoría de las partes por lo que consideraron un “cierre en falso” del caso, y más concretamente la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó al juez de dibujar una “línea roja” en la investigación para no avanzar hacia la trama política y “una posible responsabilidad” del ex presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la que pidió volver a imputar junto a su marido, Ignacio López del Hierro. Para los magistrados, los indicios que señalan los fiscales anticorrupción para sostener la imputación contra Cospedal y su marido no son suficientes, toda vez que quedan debilitados por los testimonios de Villarejo, Gómez Gordo y Ríos.

A este respecto, subrayan que las reuniones que tanto Cospedal como López del Hierro reconocieron que habían mantenido con Villarejo fueron por “cuestiones al margen de los hechos investigados”. En la misma línea, creen que no hay indicos suficientes para imputar a Cosidó, el único eslabón de la cadena de mando policial de la época que ha quedado al margen de la investigación judicial.

La Sala de lo Penal ha rechazado asimismo las diligencias destinadas a determinar a quién pertenecía cada uno de los cinco números de teléfono con los que Villarejo dice que se comunicaba con Mariano Rajoy para tenerle informado sobre los avances del presunto espionaje a Bárcenas.