La Confederación Empresarial de Navarra (CEN) exige al Gobierno foral un blindaje jurídico para facilitar una salida a las casi dos millones de mascarillas adquiridas en 2020 con fondos públicos, y que hoy siguen guardadas en un almacén a la espera de una solución. Según ha relatado este miércoles en el Parlamento el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, la patronal ha rechazado cualquier acuerdo que no pase por un compromiso expreso y firmado por el Ejecutivo foral en el que renuncie a emprender cualquier indemnización económica. “La renuncia previa a cualquier posible reclamación es una línea roja imposible de aceptar”, ha advertido el consejero. La operación ha dejado pérdidas cercanas a los dos millones en Sodena.
Irujo ha acudido al Parlamento a explicar los motivos por los que todavía hoy, más de dos años después, siguen almacenadas casi dos millones de mascarillas adquiridas en 2020 para ayudar a las empresas a retomar la actividad tras el confinamiento. La compra se llevó a cabo mediante un acuerdo entre la CEN, la empresa Albyn y Sodena. Según el mismo, la patronal hacía una estimación de las EPIs necesarias; Albyn con experiencia comercial en Asia, hacía la compra; y Sodena financiaba la operación mediante un crédito puente que finalmente no ha podido recuperar.
“En aquel momento, ante la escasez mundial de material solo podía adquirirse mediante compra agrupada y pago anticipado”, ha explicado Irujo. Y como ninguna empresa navarra tenía capacidad para afrontar el desembolso, Sodena anticipa el dinero. El problema es que las estimaciones de la CEN no se cumplieron, lo que ha derivado en un stock de 1,7 millones de diverso material de protección que la patronal ya no quiere pero que el Gobierno no puede vender porque “desde un punto de vista jurídico las mascarillas no son propiedad de Sodena”.
La CEN se desvincula del acuerdo
Irujo, que llega al cargo en febrero de 2021 ha hecho un repaso detallado de todos los pasos dados desde que en abril de 2020 “diversos sectores empresariales” contactan con el Departamento de Desarrollo Económico en busca de apoyo y hasta la actualidad. Ha defendido la transparencia de toda la operación, de la que se ha ido informando tanto públicamente mediante notas de prensa como en documentación parlamentaria a los grupos que lo han solicitado.
Ha expuesto así los motivos que llevaron a poner en marcha una compra conjunta de mascarillas con una fórmula que previamente ya se llevó a cabo con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Y las dificultades posteriores para intentar dar salida a un stock provocado por un error de previsiones de la CEN y la negativa de la Patronal a hacerse cargo, de forma total o parcial, del dinero avanzado por Sodena.
Ha negado, como ha asegurado Navarra Suma en su intervención inicial, que se hubieran realizado más pedidos de las que había estimado la CEN. “La CEN estimó una necesidad de 2.149.752 mascarillas y Albyn adquirió 2.135.940. Y las empresas de Navarra compraron solo 389.950”, ha explicado.
En los intentos posteriores de buscar una solución, Irujo ha contado que desde febrero de 2021 se han elaborado dos informes jurídicos a petición de Sodena, y otro más a petición de CPEN. “Entre tanto se ha procedido por parte de Sodena a una búsqueda activa de soluciones, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de la fecha de caducidad de las EPIs a lo largo del 2023”, ha advertido Irujo.
Respaldados por el informe jurídico encargado por Sodena al bufete Garrigues, la empresa pública y Albyn envían una carta conjunta conjunta a la CEN en la que reclaman que “a la mayor brevedad posible cumpla con sus obligaciones en el contrato y acceda a la adquisición y el pago de la totalidad del stock”. La patronal se niega y responde con un burofax exigiendo a Sodena y Albyn que “cesen en su ánimo de imputar ningún tipo de incumplimiento a la CEN”.
Posteriormente, y tras un nuevo informe encargado por la CPEN a Écija abogados, entre septiembre y diciembre de 2021 Sodena emplaza a la CEN a “iniciar un proceso de mediación o arbitraje, o incluso la elección de un abogado de común acuerdo”. Algo a lo que se vuelve a negar la Confederación de Empresarios.
Sodena, ha argumentado Irujo, se ha encontrado siempre con el mismo muro, la exigencia de la CEN de que se le exonere de cualquier responsabilidad económica o judicial. “Sodena y Albyn deben renunciar de forma expresa e inequívoca tanto a todos los derechos, pretensiones y reclamaciones, así como al ejercicio de todas las acciones de cualquier naturaleza”, reclama la patronal en varias de sus comunicaciones con el Gobierno.
Irujo no ha escondido por ello su malestar con la asociación empresarial y ha defendido que “todas y cada una de las iniciativas para solucionar la situación han sido iniciativa de Sodena, incluido la posible firma de un nuevo acuerdo”. “Lo cierto es que las mascarillas no son propiedad de Sodena, quien no puede disponer de ellas. Cualquier solución extrajudicial pasa por dar una salida anclada en la plena seguridad jurídica, y de manera consensuada por las partes”, ha concluido el consejero, que no obstante ha rechazado expresamente garantizar el blindaje que reclama la CEN. La vía judicial queda abierta.
