Los socios del Gobierno han cerrado esta semana el pacto presupuestario para 2023. Se mantienen las líneas generales del anteproyecto, en el que ya se habían recogido algunas partidas por valor de 15 millones a propuesta de EH Bildu. Y se deja margen para que los partidos presenten enmiendas durante el trámite parlamentario. No será mucho dinero –en torno a 15 millones– pero permitirá incorporar algunas ayudas e inversiones locales que siempre vienen bien, más si cabe en año electoral.

El pacto se ha plasmado en términos muy similares a los de los años anteriores. EH Bildu ha incorporado muchas de sus propuestas y logra varios compromisos por parte del Gobierno, aunque quizá excesivamente genéricos. Algunos quedaban pendientes de cumplir del acuerdo del año pasado, y se calendarizan para los próximos meses. Otros se limitan a realizar estudios o analizar posibles reformas que, en esta fase de la legislatura, difícilmente podrán ver la luz.

EH Bildu vuelve en cualquier caso a mostrarse como un socio leal y estable en la suma de mayorías progresistas en Navarra, algo que adquiere especial relevancia en puertas de la precampaña. Fija además sus prioridades en el ámbito social, con inversiones importantes en ámbitos como la sanidad o la protección social. Al tiempo que mejora la financiación de ayuntamientos afines, compensa a los afectados por el Pantano de Itoiz y mejora la financiación para el fomento el euskera, ámbitos estratégicos para su base electoral.

Es también un buen acuerdo para el Gobierno y los partidos que lo componen, PSN, Geroa Bai y Podemos. Logran sus cuartos presupuestos de la legislatura sin cesiones importantes y se garantizan una mayoría estable para los próximos meses. La derecha vuelve a quedar así fuera de juego y sin capacidad de ejercer una pinza de desgaste el tramo final de la legislatura.

No había en cualquier muchas alternativas. Nadie quería ni podía romper una mayoría de gobierno que más allá de la oposición frontal de la derecha cuenta con el aval mayoritario de la sociedad navarra. Queda por ver qué ocurre en mayo, pero al menos por ahora no se prevé ningún vuelco político que pueda modificar la correlación de fuerzas. El eje izquierda-derecha se sigue imponiendo en el debate político.

La reforma fiscal

Finalmente, y pese a las discrepancias públicas entre los socios del Gobierno, el acuerdo lleva implícita la reforma fiscal. Un acuerdo crítico, pero acuerdo al fin y al cabo que garantiza su aprobación en el Parlamento sin grandes cambios más allá de los previstos.

De entrada, se sube el mínimo para hacer la declaración de la renta hasta los 14.500 euros, por lo que los milueristas no tendrán la habitual retención mensual en su nómina. Además, quienes cobren entre esa cantidad y los 18.000 euros contarán con una deducción especial de 540 euros, que se irá reduciendo progresivamente hasta los 35.000, que recibirán una cifra simbólica.

Habrá por lo tanto deducción en el IRPF para hacer frente a la inflación, pero será más limitada de lo previsto. El motivo no es otro que el alto coste presupuestario de la medida, 65 millones. La mitad de lo que hubiera supuesto la deducción generalizada del 3% que se planteó inicialmente. Una apuesta responsable desde el punto de vista presupuestario, pero que deja la impresión de que la reforma se queda a medio camino.

Porque más allá de eso apenas hay cambios relevantes, tampoco desde el punto de vista de los de ingresos extraordinarios. El Impuesto de Sociedades queda como estaba, con algunas deducciones nuevas para incentivar inversiones en la transición energética y apenas un compromiso genérico de estudiar un aumento hasta el 15% de la tributación mínima de las empresas, que será difícil llevar a cabo. Se modifica ligeramente también el Impuesto de Patrimonio a partir de los tres millones y se aumenta el tipo a las rentas de capital de más de 200.000 euros. Lejos de las expectativas que había fijado la izquierda parlamentaria, que no le ha quedado más remedio que apoyar la propuesta del Gobierno como mal menor.

Serán los cuartos presupuestos del Gobierno Chivite y los octavos desde que UPN dejó el poder. Con sus luces y sus sombras, con sus avances y con sus expectativas frustradas. Pero una nueva prueba de que la estabilidad política, económica y presupuestaria en Navarra pasa exclusivamente por acuerdos en la izquierda. La mayoría parlamentaria no es necesariamente sinónimo de buen gobierno, pero evita zozobras innecesarias. Basta observar la inestabilidad permanente en la que vive el Ayuntamiento de Pamplona o recordar las prorrogas presupuestarias con las que UPN tuvo que gestionar la última crisis económica para poner en valor un intangible como este.

Queda todavía el debate parlamentario. Tiempo para marcar algunas diferencias y enfatizar los discursos propios. El pleno de política general de este próximo jueves será un primer avance. Pero habrá presupuestos, medidas económicas y una reforma fiscal que refuerzan la actual mayoría parlamentaria y consolidan el ciclo político iniciado en Navarra en 2015, con la derecha cada vez más lejos del poder. La legislatura queda ya vista para la sentencia.