El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), han vuelto a contradecirse este lunes sobre la obligatoriedad de las medidas antiaborto, al corregir expresamente el primero al segundo y garantizar que no serán obligatorias para los médicos, lo que sigue causando gran confusión.

A mediodía, representantes de los sanitarios de la Comunidad han confirmado a EFE que, pese a lo anunciado por la Consejería de Sanidad, no han recibido notificación alguna sobre cambios en la manera de atender a las mujeres embarazadas anunciadas el pasado jueves, por lo que existe una sensación de incertidumbre al respecto, a la espera de que concrete los plazos y sus efectos prácticos.

Pese a que ninguno de los dos dirigentes de la Junta tenía previsto atender a la prensa este lunes, ya que ambos habían programado actos sin declaraciones, finalmente el gabinete de la Vicepresidencia anunció que comparecería antes de participar en un acto en las Cortes.

García-Gallardo insistía entonces en que, como todos los protocolos, este relacionado con la prevención de abortos sería de obligado cumplimiento para los médicos, mientras que Mañueco ha convocado una declaración institucional sin preguntas para negar ese extremo, unos mensajes contradictorios que se mantienen desde el viernes.

En el primer caso, García-Gallardo ha subrayado que "los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la Sanidad". "Me remito a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad del jueves, que es clarísima y cristalina", ha subrayado el vicepresidente sobre el departamento sanitario dirigido por el PP, a lo que ha añadido que "todos los intentos de confundir en este tema deben caer en saco roto".

"Si no es de obligado cumplimiento, no sirven para nada", ha recalcado García-Gallardo, quien ha negado que se haya sentido desautorizado por el presidente de la Junta, cuando aseguró el sábado que en ningún caso los médicos estarían obligados a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D -en ese momento Mañueco no había vuelto a hablar-.

Para García-Gallardo, "el matiz está claro", en el sentido de que no va a ser obligatorio que las mujeres tengan que escuchar el latido o ver la ecografía 4D, sino que lo que sí será obligatorio para los médicos será "ofrecer la posibilidad de tener la información".

Preguntado por si, a partir de este lunes, el médico está obligado a ofrecer una ecografía 4D o escuchar el latido a una mujer que acuden con la intención de abortar, García-Gallardo ha respondido con un "sí", porque para los facultativos es "imperativo".

MAÑUECO CORRIGE A GALLARDO

No lo ve igual el presidente de la Junta, quien ha reiterado que las medidas sanitarias para prevenir abortos en la Comunidad no serán obligatorias para los médicos.

"No se obligará a los médicos a nada ni a las mujeres a nada", ha resumido Mañueco, acompañado en la declaración institucional por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ahora tendrá la responsabilidad de trasladar por escrito a los sanitarios en qué se traducen las medidas anunciadas el pasado jueves y si existe alguna modificación sobre lo que PP y Vox incluyeron en la nota de prensa entregada al término del Consejo de Gobierno.

El presidente ha subrayado que tiene "muy claro" que "alterar el orden" existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre practicar o no determinadas pruebas "puede derivar en coacciones directas e indirectas" hacia las mujeres que quieren abortar, ante lo que ha remarcado que su gobierno "ni las va a promover ni amparar (las coacciones)".

Sobre el tema de las posibles coacciones, García-Gallardo había manifestado con anterioridad que escuchar el latido fetal no puede verse como "una coacción", sino "más información para que puedan tomar la decisión -seguir con el aborto o no- con todas las herramientas" existentes en los hospitales de la Comunidad, donde dos centros no disponen de ecografías 4D -Ávila y Segovia-.

EL PACTO PP-VOX Y EL GOBIERNO CENTRAL

Mientras García-Gallardo ha defendido que "en absoluto" hay fisuras en el seno del Gobierno autonómico por esta polémica ni se siente desautorizado, Mañueco ha obviado referencias a esta coyuntura y se ha centrado en criticar la actuación del Gobierno central al respecto, con el envío de un requerimiento para no aplicar las medidas que ha dicho no haber recibido, al menos hasta el momento de su comparecencia.

En ese punto sí han coincidido Mañueco y Gallardo, dado que el representante de Vox ha calificado de "fantástica" la respuesta al Gobierno dada por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), y también a través de las redes sociales por el presidente Mañueco, quien en su opinión ha contestado "muy bien" al Gobierno, por lo que les ha dado "las gracias por la firmeza" en esa réplica.

En concreto, Mañueco ha acusado al Gobierno central de utilizar "a las mujeres para hacer oposición" a su Ejecutivo autonómico.

Ha manifestado su "sorpresa" y "estupefacción" por la actitud del Gobierno ante estas medidas, ya que ha argumentado que actualmente "no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose" sobre la materia aludida en el requerimiento. "No albergo ninguna duda de que su único propósito es sacar rédito político y en consecuencia nos parece lamentable", ha expresado.

El también dirigente autonómico del PP ha vinculado esta polémica con las consecuencias de la ley del solo sí es sí, en referencia a la rebaja de penas y excarcelaciones por el cambio en el Código Penal que se aplica para agresores sexuales.

"No tiene ninguna autoridad para dar lecciones en lo referido a la protección de las mujeres", ha sostenido Mañueco, para quien el Gobierno actúa con "soberbia" al no "rectificar, pese a la alarma social y la profunda injusticia que supone" esa modificación del Código Penal. "Que se centren en modificar su chapuza de ley cuanto antes", ha concluido.