Comisión de Relaciones Ciudadanas en el Parlamento de Navarra; sesión instada por la Junta de Portavoces, para que una representación del Partido Carlista expusiese las últimas informaciones y documentos hechos públicos en tres medios de comunicación –entre ellos, DIARIO DE NOTICIAS– sobre los acontecimientos ocurridos en torno a Montejurra 1976, que acabó con dos personas asesinadas, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos. Un “crimen de Estado cometido desde las más altas instancias del sistema” según denunció este martes Lázaro Ibáñez, secretario federal del Partido Carlista, que acusó a Juan Carlos I, “el emérito, el okupa, como le llamamos en el Partido Carlista”, de estar “detrás de esta maldita operación, para destruir al Partido Carlista, y en gran parte, por supuesto que lo consiguieron”.
“La documentación que se nos ha hecho llegar demuestra la implicación directa de tres ministerios”, dijo Ibáñez, que repitió insistentemente su rechazo a una “versión oficial que se ha instalado en gran parte de la sociedad española es que hubo un enfrentamiento de dos facciones carlistas”. Algo, ha defendido, del todo “falso”. En cambio, ha acusado a “las cloacas del Estado, a la extrema derecha y al integrismo”, desvinculándolos del carlismo. “¿O eran una facción carlista las seis compañías de Guardia Civil y Policía Nacional que estaban en la campa de Irache para custodiar a quién? ¿Los mercenarios fascistas que trajeron las cloacas del Estado era la otra facción carlista? ¿O era el grupo de militares que estaban junto con los mercenarios?” preguntó retóricamente, antes de concluir que la operación fue urdida desde “el sistema franquista, que aún no había caído, el cual se vio arropado por un sector en las cloacas del Estado que se reunió con cuatro gobernadores civiles en Puente la Reina una semana antes para organizar lo que llamaban la ‘reconquista de Montejurra’. Esos gobernadores eran el de Santander, Zaragoza, Logroño y el de Navarra”.
“La documentación que se nos ha hecho llegar demuestra la implicación directa de tres ministerios”
Ibáñez reclamó verdad, justicia y reparación. “Queremos que este Parlamento, si tiene la sensibilidad, el sentido de la justicia y la democracia como entendemos que hay que tenerlos, no puede permitir que haya documentación oculta, porque estamos seguros de que hay mucha más que tenemos derecho a conocer”. Reclamó que la Cámara foral “se ponga a la cabeza de la exigencia” para que se desvele lo ocurrido. “La democracia de este país le debe al Partido Carlista una explicación muy clara de porqué se le cortó el camino, el porqué se le ametralló”. Y añadió: “No queremos que se nos ametralle otra vez con el silencio”, acusando “al régimen del 78” de zanjar la cuestión como un enfrentamiento entre dos facciones carlistas.
A partir de ahí, la emoción del ponente fue subiendo de intensidad. “El régimen del 78 tiene las manos manchadas de sangre, y los votos también”, dijo. “Lo que se nos ha hecho es una canallada que no tiene nombre”, prosiguió. “En la puta vida ha sido el carlismo franquista”, concluyó.
Ibáñez dio nombres de un “grupo de militares”: “el coronel Ugarte, el capitán Arnáez, el comandante Barranco, el teniente coronel Checa; esos estaban con los mercenarios”. Asimismo, evocó la existencia de una juventud carlista radicalizada tras los hechos de 1976 y de 1977, “cuando se nos volvió a ametrallar al no dejarnos presentarnos a las elecciones”, que “pidió armas al Partido Carlista, y se encontró, dijo, con una negativa. “¿Qué pasó a continuación? Lo mejor de esa juventud, se pasó donde no se tenía que haber pasado nunca, ni más ni menos que a ETA y a Terra Lliure”, lamentó. “¿Cuántas familias se destrozaron? ¿Cuántos asesinatos se podían haber evitado si no se hubiese hecho el crimen de Estado de Montejurra 76?”. Lo dijo, confesó, "con conocimiento de causa”, confesó, porque estuvo a punto también de dar ese paso. "Habría destrozado seguro a otras familias y a la mía la primera”. Ibáñez rompió de emoción en este momento, hasta el punto de que se le propuso un receso, cosa que el ponente, que se recompuso, declinó. “Se nos ha hecho mucho mal, por lo menos el relato histórico que responda a lo que pasó, no lo que nos cuentan cuatro sinvergüenzas”.
A punto de concluir la Comisión, tomó la palabra el militante carlista José Joaquín Urra, que hizo un llamamiento a los parlamentarios presentes. “Los que podéis hacer sois vosotros. Que esto no sea un espacio de tiempo que habéis ocupado con nosotros y lo echéis al olvido”. En concreto, pidió un esfuerzo en el Museo del Carlismo porque “claramente no está representado el Partido Carlista. La historia no está ahí tal como fue. ¿Qué hace una bandera de Falange en un museo carlista? Es increíble”.
Once demandas al Gobierno de Navarra sobre la memoria carlista
El secretario del Partido Carlista en Navarra, Jesús Aragón, presentó en la Comisión de Relaciones Ciudadanas un documento titulado “Por nuestros mayores, justicia, verdad y reparación”.
Se trata de una “propuesta a todos los grupos del Parlamento”, en la que se piden 11 medidas. Como por ejemplo, “actualizar” el informe sobre los atentados de la extrema derecha en Navarra de la Dirección General de Paz y Convivencia, “para contextualizar la situación del carlismo en ese periodo de la Transición”, y desmentir que hubiese un carlismo de extrema derecha. Piden “corregir el número de heridos”. Afirman que deberían figurar una treintena, y que habría que añadir entre los “presuntos grupos-autores” a Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, el Gobierno de Arias Navarro y Manuel Fraga.
Asimismo reclaman un “reconocimiento público y la reparación que corresponda al Partido Carlista”, “señalizar el monolito dedicado a Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero como “lugar de memoria”, incluir tales acontecimientos en las actividades del Departamento de Educación en paz y convivencia. Además piden que se “actualicen los contenidos de la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella”, un reconocimiento público por el Gobierno de Navarra “de la aportación del carlismo a la lucha y la concienciación antifranquista en Navarra durante toda la dictadura, desde 1939 hasta 1976”. Por último, mencionan “el compromiso de todos los grupos parlamentarios” para que el Parlamento acoja una exposición sobre “la lucha del carlismo antifranquista”. Instan al Gobierno de Navarra a “organizar jornadas de estudio” al respecto, “con la participación de historiadores especializados”. En el último punto al Gobierno foral que “todos los puntos referidos los haga llegar al Gobierno español”, “al objeto de dar constancia del fenómeno carlista progresista” con el horizonte, para “la completa y legítima memoria, justicia y reparación que el Partido Carlista merece como legítima entidad política representante del carlismo”.
Rechazo de los asesinatos y acentos diversos sobre los documentos donados
Navarra Suma. PSN, Geroa Bai, EH Bildu e I-E condenaron en la Comisión de Relaciones Ciudadanas los asesinatos de Montejurra 76 y reconocieron el salto cualitativo de los documentos ahora conocidos. donados al Partido Carlista. La sesión no contó con la participación de Podemos Ahal Dugu. “Las informaciones que se han publicado últimamente son muy relevantes” y “tienen mucha gravedad”, dijo el portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, que manifestó su “condena a los asesinatos” y reconoció que dichos documentos demuestran que “fue una agresión orquestada desde muy arriba” y evidencian que “la imagen mutilada que se ha dado del Carlismo es incorrecta porque lo simplifica demasiado” siendo este un movimiento “mucho más plural y profundo”.
Los grupos respaldaron la gravedad de las nuevas informaciones y mostraron su apoyo en distinto grado
Desde el PSN, Inma Jurío mostró su deseo de que “logren el reconocimiento judicial por parte de los poderes públicos que les restaure de alguna manera” si pueden ser amparados por la Ley Foral de reparación a víctimas de la extrema derecha, si bien discrepó con algunos aspectos en forma y fondo de las intervenciones de los representantes carlistas.
Jabi Arakama, de Geroa Bai, que lamentó que los documentos haya tenido que haber llegado de una persona anónima y urgió a que se modifique la Ley de Secretos Oficiales franquista vigente, puesto que “las víctimas y el conjunto de la sociedad” tienen “derecho a conocer la verdad en su totalidad como primer paso para avanzar en la justicia y la reparación”.
Ese mismo sentir tuvo Adolfo Araiz, de EH Bildu, que mostró su apoyo y denunció que Montejurra 76 fue “un plan en connivencia con instancias gubernamentales para darle la puntilla al Partido Carlista, al que se consideraba un obstáculo para la consolidación del régimen de la monarquía”. Desde I-E Marisa de Simón aludió a la verdad, justicia y reparación, a la “necesidad de una reforma de la Ley de Secretos para aclarar lo acontecido y a la “responsabilidad importante” del Gobierno de Navarra para un “relato veraz”.
