El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, ha justificado este martes en comisión parlamentaria el cese de Pilar Irigoyen como directora gerente de Sodena por las informaciones que recibió sobre el convenio entre la sociedad pública, CEN y Albyn Medical para la compra de mascarillas.
La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez, en su pregunta, ha señalado al consejero que "en este escándalo de las mascarillas mal compradas y peor gestionadas" las "contradicciones y pelotas que pasan de mano a mano se suceden".
En una comparecencia anterior, ha indicado, Irujo afirmó que en agosto de 2022 le advirtieron en dos ocasiones de la existencia de papeles de trabajo sobre una posible responsabilidad penal en ese convenio, mientras que desde la Auditoría Permanente y desde Intervención General apuntaron que "nadie sabía nada" y que sólo se había comentado algo al respecto "de forma vaga e imprecisa".
Irujo ha respondido recordando que el convenio se firmó "en pleno estado de alarma" por la pandemia, porque en abril y mayo de 2020 en el sector empresarial existía "una necesidad imperiosa de material de protección".
En ese sentido, ha afirmado que le parece "sorprendente" que en las comparecencias de la directora del Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría y del director general de Intervención "no se mencionara en ningún momento esta circunstancia".
Desde un punto de vista jurídico, ha informado, tal y como se redactó el acuerdo en mayo del 2020, Sodena no puede disponer unilateralmente de las mascarillas.
"Desde Sodena hemos planteado, hasta en cinco ocasiones, diferentes propuestas de resolución de la situación creada. A todo ello se suma una nueva propuesta de acuerdo presentada a las partes para poder dar salida al stock de mascarillas, que aún hoy sigue sin ser aceptada, precisamente porque se sigue exigiendo la renuncia a cualquier posible reclamación", ha destacado.
En cuanto a las supuestas "discrepancias" con Auditoría Permanente y con Intervención, se ha remitido a su comparecencia del pasado 21 de diciembre, en la que dijo que ignora "completamente" el contenido de los papeles de trabajo y si los mismos se enviaron a Comptos.
"Lo único que voy a añadir", ha dicho, "es que ignoro los motivos sobre el por qué se me transmitió a mí, como consejero del Gobierno y presidente de Sodena desde febrero de 2021, dicha información de manera 'deliberadamente vaga e imprecisa', tal y como expresó el director general de Intervención en su comparecencia".
En todo caso, ha agregado, es "perfectamente comprensible" que esa información "provocase la adopción de medidas por parte del consejo de administración de Sodena".
Álvarez ha replicado al consejero que "nadie niega que hubiera una pandemia ni que hubiera que comprar mascarillas", pero ha censurado que se firmó un acuerdo en el que Sodena "asumía todo el riesgo" y eso, ha añadido, se ha materializado, en "una pérdida de dos millones de euros" para la sociedad pública.
La parlamentaria ha resaltado que, "si había indicios de delito, y alguien lo creía, no ir a la fiscalía es un delito" y ha considerado que "alguien miente en esta cuestión".
Ainhoa Unzu, del PSN, ha criticado a Na+ por actuar "intentando sacar un rédito político y que nada ni nadie le estropee su hoja de ruta". Ha hecho hincapié en que "no hay contradicciones" en este asunto, que "no da más de sí".
Por Geroa Bai, Mikel Asiain, quien ha indicado que "no acabamos de entender el objeto de esta comparecencia", ha afirmado que tiene la impresión de que el interventor "tira la piedra" y, tras el informe de Comptos, "esconde la mano".
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, se ha preguntado "si estamos ya en la fase de buscar una solución" a este tema y ha propuesto al consejero que se distribuyan las mascarillas antes de que caduquen.
