Hay pocas leyes que se hayan movido más entre las sombras que la Ley de Secretos Oficiales. El Gobierno de España fijó como uno de sus objetivos superar de una vez por todas la vieja ley franquista –que a día de hoy sigue marcando qué materias son secretas y qué no– y alumbrar un texto moderno y equiparable a los de nuestro entorno mediante un proceso abierto y transparente.
Pero a pocos meses de disolver las Cortes no hay nueva ley de secretos y los intentos hasta ahora han naufragado entre críticas de la mayoría de grupos parlamentarios, expertos y víctimas. Un fracaso doloroso para el ministro Félix Bolaños, que ha recibido un duro rapapolvos por parte del CGPJ, la Fiscalía General y el Consejo de Transparencia –por citar algunos– en una de las presumibles leyes estrella de su ministerio de la Presidencia.
A día de hoy no se sabe qué va a pasar. El anteproyecto de la Ley de Información Clasificada presentado en agosto de 2022 fue criticado de arriba a abajo por falta de concreción, escaso ajuste jurídico al entorno UE y unos plazos de desclasificación excesivamente largos.
De ahí que el ministerio haya reformulado el texto, que podría llevarse a Consejo de Ministros en las próximas semanas en lo que el PNV –cuya propuesta sobre secretos sigue bloqueada y sin respuesta– ve una jugada puramente simbólica.
Jugada 'cosmética'
Los jeltzales sospechan que el Gobierno intentará lavarse la cara aprobando a última hora un proyecto de ley que les permita decir que ellos han cumplido su parte, pero que por plazos y falta de consenso decaiga con la disolución de las Cortes a la vuelta del verano.
Es el último intento para seguir manteniendo en una calculada zona de penumbra una reforma que permitiría la fiscalización más transparente de los secretos oficiales de las últimas décadas, algo que no le gusta al bipartidismo que ha mandado –y generado esos mismos secretos– desde la llegada de la democracia.
PNV y Geroa Bai, quizá las formaciones que más han insistido con la necesidad de desclasificar archivos y tener una ley de garantías, tienen sus dudas. “Nunca se sabe qué puede pasar con el PSOE en precampaña”, explica Koldo Martínez, senador de Geroa Bai. “Aunque ha habido peticiones del Parlamento de Navarra, donde hubo unanimidad, el PSOE no ha querido hacer nada, es muy decepcionante”, apunta.
Como decepcionante sería, para el PNV, que ahora el Gobierno aprobara un proyecto a sabiendas de que en el trámite decaería sin la aprobación definitiva del Congreso por tener que disolver las Cortes.
Más si cabe si se tiene en cuenta que la propuesta de reforma que planteó el PNV hace ya siete años, subestimada siempre por el PSOE, sigue parada y pospuesta ad eternum en el Congreso. La última vez que se presentó fue en 2019 y desde marzo de 2020 acumula un sin fín de ampliaciones de plazo sin que se le hinque el diente. Y así va a seguir. La última, hace unos días.
Y, entre jugadas cosméticas y sombras, la ley de 1968 sigue marcando qué es secreto y qué no en el Estado.
