La Policía Nacional ha detenido el exjuez Fernando Presencia después de que este miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea haya ordenado su búsqueda y detención por no comparecer ante el juzgado, donde está investigado por lucrarse mediante la presentación de denuncias falsas contra miembros del Gobierno, de la Fiscalía y la judicatura.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Policía Nacional ha arrestado esta tarde en virtud de esa orden judicial a Presencia, quien este jueves prestará declaración ante el juez Gadea.
El magistrado de la Audiencia Nacional no descartó que pudiese tomar "contundentes" medidas cautelares contra Presencia, juez inhabilitado con varias condenas a sus espaldas que esta mañana ha declinado comparecer en la Audiencia Nacional.
Como consecuencia y a petición de la Fiscalía, el magistrado ha ordenado su detención para que en un plazo máximo de 72 horas sea puesto a disposición judicial y poder así practicar las diligencias necesarias y decidir si procede enviarle a prisión.
Para otros tres investigados, que sí se han presentado ante el juzgado, Gadea ha decretado su ingreso en prisión a petición de la Fiscalía y las acusaciones, al considerar que existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva dado que han seguido con la dinámica delictiva de forma permanente.
Son Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez, investigados por delitos como estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y organización o grupo criminal.
El juez cree que los dos primeros, junto a Presencia, "tendrían un papel esencial en la fabricación de denuncias y documentos mendaces que las acompañan", bajo la cobertura de ACODAP, asociación que preside el exjuez y que tiene las actividades suspendidas.
En esta causa el juez investiga a una presunta "organización o grupo criminal (...) con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia", en cuyo "vértice" sitúa a Presencia.
Según el juez, éste habría "puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio" y de algunos de sus colaboradores "mediante la difusión de noticias falsas" relativas a la interposición de denuncias donde se imputaban delitos a miembros del Gobierno, jueces y fiscales, entre otros, y se les atribuía "la posesión de cantidades de dinero" en paraísos fiscales.
Todo ello a través de ACODAP y mediante el "falso reclamo" de la lucha contra la corrupción "para atraer aportaciones y donaciones anónimas".
