Geroa Bai no impedirá el avance de la reforma de la ley de vivienda. La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes la tramitación por la vía de urgencia y en lectura única de esta proposición del resto de fuerzas progresistas, un procedimiento exprés que acorta drásticamente los plazos e implica que la norma no pasará por el filtro habitual de ponencia ni comisión, votándose de forma directa en el pleno extraordinario del próximo 25 de junio. La iniciativa, promovida originalmente por el PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para establecer la protección indefinida de las VPO en régimen de alquiler, ha salido adelante gracias a Geroa Bai, que no se sumó a sus socios en la propuesta, pero sí ha allanado el camino.

El portavoz parlamentario, Pablo Azcona, ha explicado ante los medios de comunicación que su formación "no se va a oponer" a la norma pese a que todavía conservan dudas sobre el redactado final. Azcona ha argumentado que su grupo trabaja a contrarreloj para introducir "mayores garantías" y mejoras técnicas antes de la votación definitiva en la Cámara. Según ha manifestado el portavoz, comparten la preocupación compartida de "que estas viviendas no acaben en los fondos buitre y queremos que el modelo de promoción de vivienda de alquiler asequible siga funcionando en Navarra", pero insisten en cruzar datos con el Departamento para analizar "si llegamos tarde para actuar" en los casos más críticos y cómo amortiguar la previsible "pelea jurídica" en los tribunales ordinarios que ya sufren otras comunidades como Catalunya.

Garantías legales

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha defendido la urgencia de la norma, detallando que esta reforma alcanzará a un parque de 2.278 viviendas y permitirá que "este verano respiren tranquilas las familias a las que se les acaba la calificación de protección en sus alquileres" de forma inmediata. Unzu ha recordado que hay una urgencia real porque "108 familias iban a perder la calificación este verano", y ha querido disipar cualquier fantasma legal asegurando que se han reunido formalmente con el Departamento competente, quienes les han explicado los casos en los que el Tribunal Constitucional "avala esta ley y tenemos también sentencias de otros tribunales de diversas comunidades autónomas en este mismo sentido".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha celebrado que la iniciativa vaya a prosperar en el pleno del final de curso, insistiendo en que la prioridad de su grupo en esta materia es "defender el derecho a la vivienda y dar respuesta a los problemas de la mayoría social" para proteger a las familias trabajadoras frente al mercado. Aznal ha criticado las leyes del pasado aprobadas durante los sucesivos gobiernos de UPN, señalando que los plazos de caducidad fijados entonces permitían que "esas viviendas pudieran perder la protección y convertirse en un activo con el que especular", un escenario que ahora pretenden atajar para impedir que sigan operando con total impunidad ante las decisiones de fondos buitre y grandes propietarios.

Finalmente, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha tildado de paso imprescindible el acuerdo alcanzado en la Mesa y Junta, subrayando que "no podemos ni asumir ni normalizar que viviendas que fueron construidas con la calificación de VPO destinadas al alquiler público, pasado un periodo de años, puedan ser puestas en venta". Guzmán ha garantizado la solvencia jurídica de la reforma impulsada, advirtiendo de que la iniciativa es "absolutamente legal" y que el conjunto de grupos parlamentarios de este Parlamento debería actuar con seriedad y rigor ante la situación límite de los inquilinos afectados.