El Estado recurrirá finalmente la ley foral de Contratos Públicos, modificada con la aprobación de los presupuestos de 2023. El Gobierno central considera que hay una “desigualad de trato” en la “unidad constitucional” en contrataciones públicas, por lo que ve indicios de inconstitucionalidad. El recurso afecta a las contrataciones de los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y a las promotoras Empresas de Inserción, así como a los contratos que se vayan a adjudicar por su especialidad artística y actividades similares. El Gobierno central de momento no ha pedido la suspensión cautelar de la normativa, por lo que la legislación seguirá en vigor hasta que resuelva el Tribunal Constitucional.
