La ley de amnistía saldrá, esta vez sí, adelante. PSOE, Junts y ERC han alcanzado un acuerdo para reforzar una norma que, según han trasladado en un comunicado conjunto, cubre a “todas las personas vinculadas al proceso independentista” y que es “plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales”. A falta de explicitar este jueves todos los detalles de los cambios a los que finalmente se ha abierto el Gobierno de Pedro Sánchez para satisfacer, principalmente, las demandas de Carles Puigdemont, todo apunta a que el reforzamiento de estas garantías cubriría de alguna forma el delito de terrorismo y alta traición pero acotados a los estándares europeos, según destacan fuentes de las negociaciones, y no al Código Penal. El plazo de aplicación de la ley se adelanta de enero de 2012 a noviembre de 2011 para garantizar que los encausados en el Tribunal de Cuentas también quedan protegidos por el olvido penal. Los retoques se introducirán mediante una enmienda transaccional conjunta que recogerá el espíritu de las modificaciones que llegaron vivas al pleno el 30 de enero.

Este pacto lo había adelantado solo unas horas antes el propio Sánchez en su viaje oficial a Brasil, en puertas de que la Comisión de Justicia del Congreso valide el dictamen sobre la norma para elevarlo al Pleno, que dará a su vez luz verde para su remisión la próxima semana al Senado, donde el PP frenará su tramitación cerca de dos meses. PSOE, Junts y ERC han ultimado el plazo con una negociación a tres bandas “después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia”, que dio un impulso a la medida en contra de la posición de la derecha española.

El Ejecutivo salvará así el susto infligido por JxCat en enero por considerar que dirigentes como su máximo líder no quedaban lo suficientemente blindados frente a la investigación judicial por terrorismo del Tribunal Supremo por las acciones de Tsunami. El nuevo cambio legal irá en el sentido de reforzar su protección pese a que los socialistas habían marcado esto como una línea roja porque sería tumbada por el Tribunal Constitucional, aunque creen ahora que lo consensuado encaja dentro de la Carta Magna. Anteriormente, ya habían aceptado que el delito de terrorismo entrase dentro de la norma, pero solo en su versión menos cruenta: cuando no existiera “intención directa” de vulnerar los derechos humanos. Sánchez afirmó que nunca ha compartido las dudas de Junts porque siempre ha tenido el convencimiento de que tal y como estaba el texto iba a cubrir todos los supuestos vinculados con lo acontecido en Catalunya años atrás, pero ha terminado cediendo. Más cuando debe tratar de solventar este asunto y apoyarse en que dé sus frutos frente al cerco del caso Koldo. Sabe que de este acuerdo depende también la posibilidad de sacar adelante el proyecto de ley de Presupuestos de este año. Aprobado el dictamen, el siguiente paso será elevarlo al Pleno del Congreso, que podría votarlo el jueves 14 de marzo o a la semana siguiente. 

Por su parte, Pere Aragonès ha precisado que ahora toca “pasar a la siguiente fase, que es ir a la cuestión de fondo” del conflicto. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha celebrado el el comienzo de “una nueva etapa” con el acuerdo sobre una ley que será “valiente, constitucional y garantista” y dejará atrás “la peor crisis de nuestra democracia”. “Reconciliación y generosidad para seguir construyendo, juntos, un país mejor”, subraya.