El Parlamento de Navarra no aprobará, al menos por ahora, el nuevo código de conducta. El borrador elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara a instancias de su presidente, Unai Hualde, no cuenta con el consenso suficiente por lo que su aplicación queda en el aire a la espera de que la comisión de reglamento tome una posición definitiva.
La reunión está prevista para la próxima semana y todo apunta a que los grupos parlamentarios optarán por crear una ponencia específica que estudie posibles cambios en la normativa interna de forma “sosegada”. Un proceso que se puede demorar varios meses, por lo que el estatuto interno de comportamiento no entraría en vigor en el próximo periodo legislativo, como inicialmente estaba previsto.
La aprobación de un código de conducta viene recogida en el propio reglamento del Parlamento, aprobada la pasada legislatura. En su artículo 26.2 señala la necesidad de concretar mejor los límites de actuaciones de la representación política, aunque apunta principalmente al ámbito de la transparencia y de las incompatibilidades.
Sin embargo, la propuesta final va más allá y aborda otras cuestiones como la falta de decoro y actitudes impropias en los debates; la relación con los lobbys, y la necesidad de hacer públicas las reuniones que se mantengan con los distintos colectivos y grupos de presión, e incluso recoge la posibilidad de aplicar sanciones, que van desde la advertencia verbal a multas de 12.000 euros. Incluso, en los casos más graves, la posibilidad de retirada de forma temporal del escaño.
La propuesta ha sido elaborada por los servicios jurídicos a propuesta de Hualde, que había planteado la necesidad de establecer ciertos límites ante el aumento de la crispación en algunos momentos de los debates en el Parlamento. Pero también para frenar la proliferación de discursos de odio y de carácter xenófobo, fundamentalmente de la mano de Vox.
Ponencia parlamentaria
Aunque el texto planteado es solo un borrador, ha encontrado ya el rechazo de la mayoría del Parlamento. De entrada, y como era previsible, de los partidos de la derecha (UPN, PP y Vox), que acusan a la mayoría de Gobierno de querer “limitar la libertad de expresión” en sus críticas al ejecutivo. Alegan que en el borrador tanto las sanciones como la interpretación de código de conducta queda en manos de la Mesa del Parlamento, donde PSN, Geroa Bai y EH Bildu tienen mayoría. Y temen que puedan aprovechar la nueva normativa interna para utilizar a su favor. “Parece que Chivite y Hualde están de acuerdo en que les molesta la oposición”, ha afirmado este lunes Javier Esparza.
Del texto también se ha desmarcado EH Bildu, que considera innecesaria su elaboración. La formación soberanista, que fue quien planteó la necesidad de recoger en el reglamento la elaboración de un código ético, considera que están mezclando cosas. De un lado, la necesidad de regular las incompatibilidades y los conflictos de intereses, y por otro la necesidad de límites en el debate parlamentario. Argumenta EH Bildu que el reglamento actual ya habilita al presidente a retirar la palabra a quien actúe de forma inadecuada.
Tampoco al PSN convence la propuesta. Los socialistas señalan que no se puede comparar la situación de Navarra con la del Parlamento Europeo o incluso con parlamentos autonómicos como el de Cataluña, que legislan sobre una población mucho mayor y por lo tanto pueden tener otro de exigencias sobre sus parlamentarios. A su juicio, resulta excesivos los criterios fijados para las incompatibilidades, lo que puede complicar la incorporación de personas a la actividad política. “No se puede poner todo bajo sospecha”, lamenta Ramón Alzórriz.
Así que de momento sólo Geroa Bai sale en apoyo del nuevo código de conducta. Su portavoz, Pablo Azcona, recuerda que la propuesta ya viene planteada en el reglamento, al que nadie se opuso, y que, con todo, hay margen para buscar un consenso a partir del “borrador” que ha presentado el presidente del Parlamento.
Un trabajo que queda ahora para la comisión de reglamento, donde están representados todos los partidos, y que derivará el debate a una ponencia parlamentaria. No obstante, vistos los puntos de partida y con el precedente de la reforma del reglamento, que se alargó durante toda le legislatura pasada, no es probable que el código de conducta vea la luz ni a corto plazo ni los términos planteados.
Código de conducta
- Interés público. Los parlamentarios deben actuar en favor del interés general, evitando conflictos de intereses y no utilizando su posición para beneficios personales o de terceros.
- Conducta. Deben respetar el orden, la cortesía y la disciplina. Ejercerán sus funciones con respeto hacia otros parlamentarios y la ciudadanía.
- Expresiones de odio. Se deberán evitar expresiones que promueva odio por cualquier circunstancia personal o social.
- Agenda pública. Deben hacer pública su agenda parlamentaria, incluyendo reuniones, contactos y audiencias con personas, entidades o grupos de interés.
- Grupos de interés. Se consideran grupos de interés, lobbies o lobistas a las personas o entidades que se comuniquen con los miembros de la Cámara para influir en la legislación o en el derecho de voto a favor de intereses privados o colectivos.
- Infracciones. Podrán ser leves, graves o muy graves. Se valorará la intencionalidad, reincidencia, reiteración y perjuicios causados.
- Sanciones. Amonestación privada, multa económica de entre 600 y 12.000 euros según gravedad y repetición de la infracción. Suspensión temporal para infracciones muy graves.