Una vez reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la amnistía queda en manos de los jueces y todas las miradas se dirigen directamente al Tribunal Supremo (TS), donde el magistrado Pablo Llarena mantiene activa la orden de arresto de Carles Puigdemont y solicita a la Fiscalía que se posicione sobre si le afecta la norma o si la malversación que se le imputa queda fuera del perdón. El TS ha pedido a acusaciones y defensas que presenten sus informes sobre cómo afecta la medida de gracia a los respectivos procedimientos, tanto el relativo al procés como en el asunto de Tsunami Democràtic, que también implica al president en el exilio. El instructor de la causa que afecta al líder de Junts, a Marta Rovira, y a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que nunca llegaron a ser juzgados, reclama a las partes que informen sobre “la aplicabilidad o inaplicabilidad” de la amnistía a los distintos hechos que se le atribuyen.

En concreto, Llarena quiere saber qué opinan “sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares” contra ellos, “prestando una particular referencia” a si los delitos de desobediencia o malversación que se les imputan entrarían en la amnistía o si “pueden considerarse excluidos” de la norma por considerar que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que el legislador dejó fuera del perdón. En esta situación, el juez deja viva la euroorden instando a “proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”, lo que complica un eventual regreso del expresident para la previsible sesión de investidura, que apunta al próximo 25 de junio. La amnistía establece que el juez debe acordar “el inmediato alzamiento de las medidas cautelares” y debe dejar sin efecto las órdenes de busca y captura, si bien Llarena considera contradictorio un artículo de la norma en relación a los informes que se deben pedir a las partes, de modo que acuerda dar cinco días a acusaciones y defensas para que expresen su criterio. Por otro lado, también el tribunal que dictó la sentencia del juicio concerniente al 1-O, presidido por Manuel Marchena, ha dictado otra providencia en la que da el mismo plazo a los fiscales, a la acusación de Vox y a las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que informen acerca de si la amnistía cubre el delito de malversación por el que fueron condenados. Asimismo, da ese mismo plazo a Clara Ponsatí para que se pronuncie sobre el delito por el que fue procesada.

En este escenario, dos de los fiscales del TS que participaron en el juicio del procés han mantenido ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye a Puigdemont al entender que sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE. Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno rarifican el criterio de sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, certificando la postura que ya habían avanzado el pasado 30 de mayo en un documento que entregaron al fiscal general tras una reunión con motivo de la aprobación de la norma. Con todo, García Ortiz les ha pedido a los cuatro que redacten un informe procesal que responda específicamente a las cuestiones planteadas por el TS, al entender que el documento elaborado hace dos semanas aborda en general la ley de amnistía. Sin embargo, no tienen intención de mover su posición invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales si García Ortiz no acepta su postura. Eso sí, el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.

El órdago del Tribunal de Cuentas

En todo este contexo, el Tribunal de Cuentas ha ido más allá y ha solicitado a la Fiscalía y al resto de partes que informen sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés. La consejera a cargo de este procedimiento contable, que ha suspendido el plazo para dictar sentencia, cuestiona si cinco preceptos de la ley “podrían oponerse a la interpretación” que viene realizando el TJUE del derecho comunitario, en relación, por ejemplo, a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, entre otros. El “principio de cooperación leal”, los “principios de igualdad y de no discriminación”, los de “seguridad jurídica y confianza legítima” y “el principio del Estado de Derecho” son también algunos preceptos que la consejera abre la puerta a consultar al TJUE en relación con la nueva normativa ya vigente. Este procedimiento afecta a más de una treintena de ex altos cargos catalanes, includos Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, entre otros.

Por otro lado, también el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha pedido a acusaciones y defensas que se pronuncien sobre si debe aplicar la amnistía a cinco causas enmarcadas en el procés, entre ellas la de los preparativos del 1-O y las condenas por desobediencia a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra. Al igual que el Supremo o el Tribunal de Cuentas, el TSJC ha movido ficha y da diez días a Fiscalía, acusaciones y defensas para que emitan sus informes en relación con la aplicación de la ley a cinco de las causas que tiene en sus manos. Se trata del caso por malversación por los preparativos del 1-O, que afecta a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y está pendiente de juicio, así como las condenas por desobediencia a Artur Mas –por organizar la consulta del 9-N–, a Quim Torra por negarse a retirar un lazo amarillo de la Generalitat֪, así como al exalcalde y exconseller de ERC Bernat Solé y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

Moncloa se pone de perfil

Bajo esta atmósfera, desde Moncloa entienden que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha hecho su trabajo y que aplicar la amnistía “corresponde a los jueces”. La portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, ha evitado comentar los primeros movimientos de los tribunales y, ante la insistencia de los periodistas, que le interpelaron sobre si temen que la medida no se aplique, se ha limitado a responder que “la ley es muy clara” y que “claramente va a ayudar” a mejorar la convivencia en Catalunya, lo que no se cansan de poner en valor, además de enfatizar cómo a su juicio se ha encauzado el conflicto originado cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy. “El Gobierno ya ha hecho su trabajo y el Parlamento también; la ley ya está aprobada, ya está en vigor, y ahora le corresponde a los jueces hacer su aplicación”, ha redundado la dirigente socialista, que apela a encarar esta diatriba con la “máxima normalidad”.

Entre tanto, el Govern se ha puesto en marcha para amnistiar de oficio a los ciudadanos multados en el contexto del procés en base a la ley mordaza. El encargado de esta tarea será el Departament de Interior y puede incidir en los actos administrativos (los cargos penales no son de su competencia) y la resolución se publicará pronto. Desde este jueves se pondrá a disposición un formulario para que todos aquellos que ya hayan efectuado el pago de la sanción puedan reclamar la devolución del importe. Igualmente, se podrá solicitar “un certificado” para que conste haber sido amnistiado. 

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