La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la decisión del juez de abrir una nueva pieza separada para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por la supuesta injerencia rusa en el procés, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara cerrar el caso Volhov por prórrogas injustificadas.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Anticorrupción Ricardo Sanz-Gadea se opone a los recursos que presentaron ante la Audiencia las defensas de Puigdemont, el expresidente catalán Artur Mas y otros investigados por la nueva pieza separada que el juez Joaquín Aguirre abrió para sortear la orden de la Audiencia, lo que consideran un "fraude de ley".

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona impidió al juez seguir investigando las supuestas conexiones en Rusia para el procés y anuló las diligencias practicadas desde la prórroga que acordó en agosto de 2023, en un auto en el que le ordenaba enviar el caso a juicio, con los indicios recabados hasta esa fecha, o bien archivarlo.

Para sortear esa resolución, Aguirre abrió una nueva pieza separada -alimentada con pruebas procedentes las diligencias que la Audiencia había anulado- y envió un escrito al Tribunal Supremo para que investigara a una decena de personas, entre ellos Puigdemont y Mas, por los delitos de malversación y traición.

En su escrito, el fiscal sostiene que la nueva investigación se nutre del contenido de los teléfonos de los imputados en varias piezas del caso Volhov -entre ellas la que la Audiencia frenó- y argumenta que la pieza abierta por Aguirre "procesalmente sería posible y no incurriría en fraude de ley".

Teléfonos intervenidos

Según el fiscal, el volumen de la causa es "extensísimo", por lo que a su parecer "tiene sentido lo que señala el instructor" cuando afirma que ha abierto la nueva pieza y ampliado el número de investigados, tras llevar a cabo un análisis "detallado" de todos los informes y diligencias practicadas y "realizado por sí mismo un estudio del contenido de los teléfonos intervenidos".

En este caso, añade el ministerio público, no existe fraude de ley porque el juez "ha revisado el material existente de cristalización progresiva que se ha ido acumulando en varias piezas de la causa y ha incoado una nueva, realizando una ampliación de los hechos a investigar, incluyendo, atendidos los indicios que considera suficientes, a personas que no estaban investigadas previamente en la causa".

Sanz-Gadea esquiva en este escrito si la causa debe ser amnistiada, como alegaron las defensas, y argumenta que esa cuestión debe ser dirimida en el marco de los recursos que los investigados por la supuesta injerencia rusa presentaron ante la Audiencia de Barcelona contra la denegación del perdón.

La Audiencia de Barcelona tiene ahora pendiente decidir si da por buena la nueva pieza separada que abrió el juez para investigar a Puigdemont, si la causa entra en la amnistía y si el magistrado debe ser apartado del caso, como solicitaron varias de las defensas.

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene en sus manos la querella por prevaricación y malversación que presentó Puigdemont contra el juez, pendiente de decidir si la investiga.