Hace ahora un año los presos del autodenominado colectivo EPPK eran 142, hace dos 173. Ahora son 122. El número va por tanto descendiendo, ahondando en los retos de la reinserción una vez abandonada la privación de libertad. El colectivo en la actualidad está formado por 105 hombres y 17 mujeres. Adscritos a prisiones de Euskal Herria están 118, tras el fin de la dispersión adoptado en 2023. En el Estado francés permanecen cuatro en el centro penitenciario de Lannemezan, a 300 kilómetros de sus familias.
La edad medida del conjunto de las personas presas del EPPK (siglas en euskera del Colectivo de Presos Políticos vascos) es de 50 años. Más de una veintena supera los 60 años. Hay 32 personas que tienen medidas de control en casa. El resto está en las prisiones de Zaballa (45), Martutene (25), Basauri (12) y Pamplona (4). Asimismo 14 presos y presas sufren enfermedades graves, de los cuales en cuatro casos, su identidad no es pública.
Además Sare Herritarra consigna la existencia de “16 personas refugiadas y tres deportadas”, en este último caso, una en Venezuela, otra en Cabo Verde y otra en Cuba.
PROGRESIONES DE GRADO
Según los últimos datos de Sare, hay 77 presos de los cuales 15 tienen aplicado el artículo 100.2. Cuentan con tercer grado 41, de los cuales 29 están en situación de prisión atenuada.
Por otra parte, añade esta organización, son más de 45 los presos y presas a quienes no se ha computado el tiempo de condena cumplida en Francia, y casi 60 el número de presos condenados con la 7/2003 en el Estado español, que “permite penas de por vida”, con una “ley ad hoc para los y las presas vascas, que impone hasta 40 años de prisión efectiva”, situación que afecta a 14 condenados y al preso a cadena perpetua en Francia. “Si la ley de excepción 7/2003 sigue vigente, el último preso recuperaría la libertad en 2061”, denuncian Sare y Etxerat.
Según Sare, al 72% de los presos en la actualidad les corresponde el tercer grado, mientras que el año pasado eran casi la mitad
Estos colectivos reclaman una revisión de esta ley y que en conjunto se acaben las “medidas de excepción”. Inciden también en que la Ley 5/2003 mantiene la competencia sobre progresiones de grado y/o permisos penales “en un órgano de excepción como es la Audiencia Nacional, en detrimento de los juzgados de proximidad”.
RECLAMACIONES VIGENTES
Se trata, destacan estas organizaciones por los derechos de los presos, de “ personas que llevan una media de más 20 años en prisión, de las cuales 14 llevan más de 25 años en prisión y tres más de 30 años.
“Al haber cumplido la mitad de su condena, al 72% de los presos le corresponde el tercer grado, pero sólo 26% están en esa situación, e incluso la libertad condicional con las tres cuartas partes cumplidas, porque, afirma el portavoz Joseba Azkarraga, “la inmensa mayoría" de ellos está ya en esa situación.
El año pasado, según los datos comparativos de la propia Sare, prácticamente la mitad de los reclusos reunía condiciones para acceder a ese tercer grado. La clave está en la reforma de la ley orgánica 7/2014 realizada en octubre de este año. Ese cambio a la hora de computar penas en prisiones francesas, tras dicha modificación aprobada, sigue aún pendiente de ejecutar, denuncian estos colectivos.
Son 52 los presos pendientes de tal modificación, lo que a juicio de Sare “requiere que la administración penitenciaria vasca se ponga las pilas y no largue esta situación en la progresión de grado”.
Sare y Etxerat organizan una concentración este 27 de diciembre a las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, en línea con las movilizaciones que en estas fechas se vienen celebrando también en Bilbao, Gasteiz y Donostia, preludios a su vez de la tradicional manifestación que cada mes de enero se celebra en Bilbao que esta vez se desarrollará el próximo día 11 sábado.
ALGUNOS DATOS
20
Presos menos que hace 11 meses. La cifra actual, 122 presos, contrasta con los 142 al inicio de 2024 y los 173 de hace dos años.
26%
En tercer grado. Comparados con el 16,1% de inicios de año.
52
Presos. A los que les afecta la modificación de la ley orgánica 7/2014, pendiente de ejecución.