Inadmitidas las propuestas de UPN contra docentes condenados por terrorismo

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha decidido no admitir a trámite dos propuestas de UPN para impedir que personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia.

En su lugar, ha solicitado dos informes para comprobar la legalidad de la propuesta: uno, a los servicios jurídicos de la Cámara, y otro, en forma de dictamen del Consejo de Navarra.

En las ruedas de prensa de los grupos posteriores a la reunión, Javier Esparza (UPN) ha acusado al PSN de hacer "el trabajo a Bildu para proteger a los terroristas", ya que "de no querer incomodar a Bildu, a salir públicamente a defender los derechos de los terroristas, me parece que hay un mundo".

"EH Bildu está empeñado y está defendiendo desde hace mucho tiempo a los terroristas de ETA, utilizando su peso político para intentar sacar a los terroristas de la cárcel cuanto antes, y, una vez que están en la calle, intentan integrarlos y que trabajen como si no hubiera pasado nada", ha denunciado.

Sobre su propuesta, ha afirmado estar "a favor de la reinserción de los terroristas, por supuesto que sí, que trabajen, pero que no trabajen formando a chavales".

Derecho constitucional a la reinserción

El socialista Ramón Alzórriz ha aseverado que "se trata de una propuesta que podría vulnerar el artículo 25.1 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la reinserción social", ya que "una vez cumplida una sanción penal, no se puede establecer una nueva y posterior sanción por el mismo hecho".

"Evidentemente, como hemos dicho en numerosas ocasiones, nos produce rechazo social y asco" que una persona condenada por pertenencia a ETA ejerza la docencia, pero "creemos que la ley y la Constitución están por encima de todo, y es la que nos representa y protege a todos".

Asimismo, ha denunciado que UPN intenta "utilizar y resucitar a ETA permanentemente", algo que "no es ni positivo ni lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas navarras".

Laura Aznal, de EH Bildu, ha recordado que "los contenidos de estas proposiciones de ley podrían colisionar con derechos fundamentales recogidos en la Constitución, en concreto en su artículo 25, y también con la Ley de Subvenciones".

"La segunda proposición de ley foral podría entrar en conflicto con la legislación básica recogida en el artículo 13 de la Ley Estatal de Subvenciones", ha comentado, y por eso "hasta que no conozcamos en detalle los informes, la admisión a trámite de estas iniciativas queda suspendida".

Pablo Azcona (Geroa Bai) ha apuntado que "estas proposiciones de ley pueden ir en contra de derechos fundamentales y, posiblemente, de derechos constitucionales", por lo que "nos parece necesario contar con estos informes antes de seguir adelante con cualquier tramitación, dada la incertidumbre que generan".

"Queremos reiterar que no debe haber políticas de excepción en ningún caso; la reinserción es una de las patas fundamentales del sistema penitenciario y, por tanto, analizaremos los informes y actuaremos en consecuencia", ha apuntado.

Desde el PP, Irene Royo ha considerado que "al igual que se exigen ciertos requisitos a los docentes para ejercer su trabajo, es fundamental que la educación en valores sea una prioridad".

"Uno de los principios esenciales que deben defenderse en la escuela es la defensa de los derechos humanos, por lo que "sería adecuado que uno de los requisitos para ser docente fuese no tener antecedentes por delitos de terrorismo".

Finalmente, Maite Nosti (Vox) ha afirmado que "la contratación de un exmiembro de ETA como docente en un instituto de Tudela es una afrenta inaceptable que demuestra el absoluto desprecio de la Administración por la dignidad y la seguridad de la comunidad educativa".

"No se puede consentir que un criminal adoctrine a nuestros niños. Hay muchos exetarras trabajando en la administración, pero siguen siendo lo mismo: asesinos y delincuentes", ha sentenciado.