La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha afirmado que su grupo no comparte las conclusiones del informe de la letrada mayor del Parlamento de Navarra en el que señala que existe inseguridad jurídica en las proposiciones de ley foral regionalistas para evitar la contratación de personas con antecedentes por terrorismo y ha sostenido que "no hay ilegalidad alguna" en estas iniciativas.
Álvarez ha asegurado en rueda de prensa que "desde la política hay que actuar con todos los medios legalmente posibles" y ha considerado que las personas con antecedentes por terrorismo están "deslegitimadas moral y éticamente" para trabajar con estudiantes, sobre todo menores de edad.
Por ello, ha destacado que, ante un caso como el que ha tenido lugar en un centro de Tudela, "no vale con lamentarse sino que hay que actuar".
En el informe, realizado a iniciativa del PSN y con el voto favorable de Geroa Bai, Bildu y Contigo, la letra mayor, según la parlamentaria de UPN, considera que no había que paralizar la tramitación de las dos proposiciones de ley foral y además "no ve ni un solo vicio de inconstitucionalidad" en esas iniciativas regionalistas.
Después, ha añadido Álvarez, "entra en un terreno pantanoso" al concluir que existe inseguridad jurídica en las proposiciones de ley de UPN.
"Podía haber pedido informes, pero nunca paralizar las proposiciones de Ley, que se debían y se deben tramitar de forma inmediata y ser debatidas en el Pleno porque se está vulnerando nuestro derecho de participación política", ha opinado.
La letrada concluye que, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, la decisión de la Mesa es "inconstitucional por vulnerar el artículo 23 de la Constitución", ha apuntado.
Por otro lado, ha señalado que pese a que solo se le había encargado que informara sobre la adecuación de las proposiciones de ley al artículo 25 de la Constitución, decidió analizar también los aspectos que, en su opinión, podrían dar problemas en la aplicación de ambas proposiciones, en caso de aprobarse, aunque, como se ha dicho, reconoce que ambas son perfectamente constitucionales.
Así, en su informe cuestiona que ambas proposiciones de ley puedan conseguir los objetivos que persiguen.
Al respecto ha mostrado su sorpresa porque la letrada mayor "confunda" las subvenciones con los conciertos educativos, que se regulan por una normativa propia, que no han intentado modificar.
En cuanto a la falta de concreción, Álvarez ha indicado que sus textos definen los puestos de trabajo que pueden resultar afectados "exactamente de la misma manera" que la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para las personas que vayan a trabajar con menores y hayan sido condenados por agresión sexual.
"La concreción de los puestos, como ocurre en el caso de la Ley Orgánica mencionada, debe hacerse puesto por puesto en función del criterio de que tengan relación directa con menores, precisamente para evitar que se aplique de forma indiscriminada, lo que, entonces sí, la convertiría en inconstitucional", ha explicado.
Este argumento sirve, asimismo, para la otra proposición de ley presentada por UPN, referida a la modificación del Estatuto de la Función Pública, y que la letrada ha cuestionado por idéntico motivo.
En este caso, el informe advierte, si bien solo para el caso de los docentes, que como hay un cuerpo estatal de estos profesionales, si se aprobara el requisito de acceso que propone UPN, en su opinión, se generarían problemas en los concursos de traslado estatales.
Tras considerar que "no hay ilegalidad alguna en marcar un requisito específico para poder acceder a una plaza en Navarra, ha puesto como ejemplo los diferentes niveles lingüísticos que se ponen para determinadas plazas.
Con el objeto de dejar claro que es posible y constitucional aprobar la norma navarra como proponen, ha anunciado que su partido va a proponer en las Cortes Generales una medida similar a la que ha propuesto en Navarra.
