Los letrados del Parlamento de Navarra han dado un revés jurídico a UPN. En enero, los regionalistas presentaron dos proposiciones de ley al calor de la publicación, por parte de un medio de Madrid, de que un profesor con antecedentes por terrorismo estaba dando clases en Tudela. UPN propuso entonces una reforma legislativa para impedir que personas con estos antecedentes accedieran al profesorado, y además pidió también revisar la ley de Subvenciones, para no otorgar fondos públicos a instituciones que empleen a este tipo de personas. 

Pues bien: la letrada mayo, Silvia Doménech, ha concluido en un informe jurídico que Navarra no puede introducir criterios propios de acceso a la función docente distintos a los del resto del Estado. Y tampoco tiene sentido tocar la ley de Subvenciones para nada, porque las relaciones de este tipo se hacen vía concierto, no mediante subvenciones.

De hecho, el informe subraya que las iniciativas “adolecen de cierta indeterminación” que puede resultar “incompatible” con los principios de “seguridad jurídica”.

Sin seguridad jurídica

El informe jurídico analiza las dos propuestas por separado. De la reforma del Decreto Foral Legislativo 251/1993, dice que surte efecto porque los cuerpos docentes no universitarios tienen “un régimen específico que no puede obviarse”, que remite a la legislación estatal y que tiene que responder a unos criterios de homogeneidad con respecto al resto de comunidades autónomas, porque estos profesionales pueden optar a plazas en cualquier parte del Estado y los criterios tienen que ser los mismos.

La segunda propuesta de UPN tenía que ver con la modificación de la ley foral 11/2005 de Subvenciones. “Tampoco advertimos que se consiga el objetivo pretendido en la proposición de ley” porque la ley de Subvenciones nada tiene que ver con los conciertos educativos, que es la relación de participación económica de las administraciones con los centros y que tienen una “especial naturaleza”.

LA INADMISIÓN POR PARTE DE LA MESA, BAJO LA LUPA

Polémica. El informe jurídico aborda una derivada del episodio que también generó polémica: la posibilidad de que la Mesa pueda, si así lo decide, inadmitir una iniciativa antes siquiera de que se debata. El texto de la letrada lo que dice es que la Mesa, previa audiencia con la Junta, debe limitarse a comprobar que las iniciativas legislativas de origen parlamentario cumplen los requisitos fijados en el Reglamento, sin que la Mesa pueda alterar, “con criterios de oportunidad política”, este cauce. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Cámara, en 2018, sí que recomendaron a la Mesa inadmitir de entrada una iniciativa propuesta en su día por Podemos, y que tenía que ver con la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la turbia relación del rey emérito, Juan Carlos I, y una de sus amantes, Corinna Larsen.

El informe subraya, ya para terminar, que las propuestas de UPN “adolecen de cierta indeterminación” que puede resultar “incompatible” con los principios legales de la seguridad jurídica. Puede que las propuestas terminen debatidas en pleno, pero es seguro que terminarán fracasando. Independientemente del resultado, el episodio revela la vigencia de unas formas de hacer política con predicamento también en Navarra: lanzar propuestas efectistas para acaparar un poco más el foco de atención, al margen de que puedan finalmente llevarse a cabo.