El Parlamento de Navarra pondrá en marcha este verano una comisión de investigación para analizar las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas realizadas o financiadas por el Gobierno foral desde junio de 2011 hasta la actualidad, en un periodo que abarca los ejecutivos presididos por Yolanda Barcina (UPN), Uxue Barkos (Geroa Bai), y María Chivite (PSN). La iniciativa ha sido registrada in extremis tras una jornada de negociaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana, y está firmada conjuntamente por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que conforman la mayoría progresista en la Cámara.
La comisión sale adelante especialmente para investigar contratos en los que hayan podido participar personas físicas o jurídicas señaladas en la Causa Especial 20775/2020, conocida como caso Koldo-Ábalos-Cerdán, actualmente en instrucción por la Sección 4ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El estallido de la trama la semana pasada, implicando directamente al exdirigente socialista Santos Cerdán, dueño en un 45% de Servinabar, una de las empresas adjudicatarias bajo la lupa de la Guardia Civil.
La exposición de motivos de la solicitud registrada señala que el objetivo es doble: esclarecer posibles irregularidades relacionadas con las adjudicaciones públicas y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Según se recoge en el texto presentado por los cuatro grupos impulsores, “la información que hemos conocido en los últimos días, que involucra a representantes políticos y empresariales en una trama de corrupción en distintos procesos de adjudicación de obras públicas, constituye un elemento de enorme preocupación que erosiona la confianza en las instituciones antes mencionadas, y que, por tanto, nos interpela a reaccionar”.
Recuperar la confianza
"En un momento histórico en el que la política, y con ello la propia democracia, está bajo el asedio de la ola reaccionaria que recorre Europa y todas las democracias occidentales, no podemos permitir que la confianza en las instituciones públicas, que es la piedra angular sobre la que se sustenta nuestro sistema democrático, se vea erosionada", señala la mayoría progresista en el documento que han firmado conjuntamente las cuatro formaciones. Por eso, abogan por "impulsar una apuesta total por la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático capaz de devolver una confianza plena de la ciudadanía hacia sus instituciones".
La derecha había intentado sacar adelante su propia comisión de investigación centrada en la adjudicación de la obra de duplicación de los túneles de Belate. En la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del pasado lunes se aplazaron las propuestas presentadas por UPN, por un lado, y PPN y Vox, por el otro, al menos, hasta el mes de septiembre. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos ha hecho que la mayoría progresista haya movido ficha, y finalmente, la comisión abarcará todas las adjudicaciones desde junio de 2011 –cuando comenzó el mandato de Yolanda Barcina– e incluirá cualquier tipo de relación contractual entre la Administración foral y empresas implicadas o que pudieran aparecer en el futuro en la investigación judicial del caso Cerdán.
Reacciones de los socios del PSN
Geroa Bai ha recordado que el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que forma parte de la causa judicial, no señala ninguna ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno de Navarra. Aun así, defienden que el rigor, la transparencia y la responsabilidad institucional frente a la corrupción “son la base de nuestro compromiso político”. La coalición considera que esta comisión “es un paso más en la dirección correcta” para “reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.
Por su parte, Contigo-Zurekin ha destacado que la propuesta registrada “es más ambiciosa que las de la oposición” y ha remarcado que la mayoría progresista ha actuado “con agilidad y determinación”. “La ciudadanía tiene derecho a saber y el Parlamento la obligación de investigar y esclarecer”, han asegurado desde la coalición, al tiempo que reivindican que “la transparencia no es un eslogan, es una obligación política y democrática”.
EH Bildu, que ha mostrado su disposición a presidir la comisión, también ha defendido el amplio objeto de la iniciativa para que esta sea capaz de adaptarse a “la realidad cambiante” del caso judicial. La formación soberanista ha solicitado además que el Parlamento de Navarra se persone en la causa judicial. “Seguiremos siendo muy exigentes, porque ante la corrupción la respuesta debe ser tolerancia cero”, han afirmado desde su dirección política en Navarra, que esta tarde se reunía en Pamplona.
