La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este miércoles en sede parlamentaria el reconocimiento a víctimas de violencia ultra o policial frente a los intentos de deslegitimación de la derecha, así como la plena autonomía de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de motivación política. Ha recalcado, en ese sentido, que el comité actúa con “objetividad, profesionalidad, imparcialidad y sometimiento al ordenamiento jurídico”.
Chivite ha recordado que la Ley Foral 16/2019, que avala este tipo de reconocimientos, fue aprobada por la Cámara foral y posteriormente avalada por el Tribunal Constitucional, que estableció los criterios de interpretación de algunos de sus artículos. En ese marco, ha señalado, la comisión y las resoluciones de reconocimiento “cumplen con esos criterios en los términos fundamentados por el Constitucional”.
La presidenta ha detallado que el órgano está constituido por expertos independientes en distintas materias. Lo integran dos peritos forenses y una psicóloga designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, junto a cuatro personas elegidas por el Parlamento de Navarra, actualmente tres doctores en Derecho y una doctora en Sociología. Todos ellos, ha precisado, cumplen las “condiciones de idoneidad, probidad, cualificación y experiencia necesarias para ejercer el cargo”.
Chivite ha subrayado que las decisiones de la comisión se adoptan siempre por unanimidad, una práctica no contemplada en la ley pero aplicada “para eliminar cualquier duda sobre el fundamento de sus reconocimientos”. Además, ha incidido en que ni el Ejecutivo foral ni ella como presidenta tienen acceso a los expedientes ni a los informes internos.
Sin juicios ni valoraciones personales
La jefa del Ejecutivo ha recalcado que la comisión “no es un tribunal” y no juzga, sino que analiza hechos acreditados. Ha recordado que su presidente comparece anualmente en la Cámara y que el reconocimiento administrativo no se centra en victimarios, sino en víctimas, siguiendo el mandato del Tribunal Constitucional. “El reconocimiento no es valorativo en función de la persona sino de los hechos acreditados”, ha afirmado Chivite.
En su intervención, Chivite ha contextualizado la norma en una historia reciente marcada por ETA, que dejó “víctimas, entornos destrozados y una huella social y convivencial”. Ha insistido en que la organización desapareció porque “la democracia actuó” con las herramientas del Estado de Derecho.
Al mismo tiempo, ha recordado las denuncias de vulneraciones de derechos humanos en la lucha antiterrorista por parte de funcionarios públicos, recogidas en estudios del Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU y en observaciones de la ONU.
Derecho a la verdad
La presidenta ha reiterado que la comisión “busca reparación y verdad” y que su labor es administrativa, no jurisdiccional. Ha destacado que el trabajo del Gobierno en materia de convivencia y memoria histórica está siendo reconocido “a nivel nacional e internacional”, con ejemplos como la Convención de Víctimas del Terrorismo de la ONU o el reconocimiento del Consejo de Europa al proyecto educativo Escuela con Memoria por la Paz y la Convivencia.
En la parte final de su intervención, Chivite ha alertado contra el auge de populismos y discursos que buscan “construir un nuevo relato con premisas falsas y simples”. Ha señalado que fenómenos como la exaltación de presos de ETA o del franquismo evidencian la necesidad de reforzar la convivencia desde un análisis riguroso.
“Cualquier apología de la violencia o reivindicación del totalitarismo es un fracaso social de primer orden”, ha concluido, antes de defender que la democracia ha permitido “los años de mayor prosperidad, calidad de vida y paz en nuestro país”.
