El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto volver a interrogar este miércoles, a las 12.00 horas, a Begoña Gómez; esta vez por la presunta malversación que le atribuye en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, a quien ha citado a comparecer una hora antes, a las 11.00.
Será la cuarta vez que Begoña Gómez acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo por otras ramas de la investigación. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a no declarar; en la tercera citación, por su parte, optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Por razones de seguridad, la esposa de Pedro Sánchez ingresó en todas las ocasiones en coche oficial por el garaje de los juzgados y evitó el paseíllo por la entrada general, previa autorización de la juez decana de Madrid. Esta vez se prevé que se lleve a cabo el mismo protocolo.
La declaración de Gómez y Álvarez tendrá lugar después de que el pasado 3 de septiembre el juez pidiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizase los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su cuenta oficial en Presidencia desde que se realizó el nombramiento de su asesora en julio de 2018 "hasta la fecha".
De igual forma, el instructor pidió a Presidencia que indicase "el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno" desde el día que se nombró a Álvarez como persona eventual. Y reclamó que le informase quiénes "han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha".
Correos electrónicos
La defensa de Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que deje sin efecto la orden de Peinado y evite que la UCO analice siete años de correos electrónicos de su cliente. A su juicio, la decisión del juez "carece de cualquier motivación" y ni delimita ni precisa el material a analizar, lo que considera que supone una vulneración de sus derechos.
"La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que (...) puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad", señala su abogado en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, el letrado ha recurrido la imputación de Gómez por malversación. Según ha precisado, acude a la Audiencia de Madrid no para evitar la citación de este miércoles --porque es consciente de que no resolverá a tiempo--, sino para dejar constancia de que "nada justifica esta nueva declaración que se acuerda tras la múltiples veces en las que ha sido citada a efecto de declarar en esta causa".
Investigación
Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había empezado a indagar en la presunta malversación que enmarca en el nombramiento de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito ni a Gómez ni a su asesora. De hecho, el pasado mayo descartó investigar a ambas por malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
En esta rama de la causa solo figuraba como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y el pasado mayo se desvinculó del nombramiento en su declaración como imputado.
Hasta que Peinado amplió el procedimiento en agosto, Begoña Gómez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios --como el investigado Juan Carlos Barrabés-- que se presentaban a licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.
Presunto delito de malversación
Al igual que la defensa de Gómez, la de Álvarez ha pedido recientemente en la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación por su nombramiento en Presidencia del Gobierno. En un recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, ha insistido en que no podía atribuírsele dicho delito por haber enviado correos como asesora de Gómez.
"¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa", ha alegado.
De igual forma, su defensa ha recalcado que con esta imputación Peinado "desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial", que "negó de manera expresa y tajante" que Álvarez "haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye". Y ha insistido en que el juez "contradice" su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid por los mismos hechos.
