El Parlamento pide más medidas de control en contratos públicos para evitar corrupción en Navarra

Bien entrada la tarde, tras un pleno que se prolongó más de ocho horas y que solo se detuvo para la comida, el Parlamento de Navarra abordó este jueves la moción de UPN destinada a reforzar la transparencia en la adjudicación de contratos públicos. Dos de sus cuatro propuestas fueron aprobadas, gracias en parte al respaldo de Geroa Bai, que se apartó de la posición de sus socios para apoyar la iniciativa de los regionalistas.

En concreto, prosperó la iniciativa de que en los concursos públicos de más de cinco millones de euros en los que se emita un voto particular en la mesa de contratación, el procedimiento sea remitido a la Junta de Contratación Pública de Navarra para su revisión. También salió adelante el compromiso de cumplir de manera estricta la Ley Foral de Transparencia, especialmente en lo referente a las agendas de los miembros del Gobierno y altos cargos, publicando en el Portal de Transparencia las reuniones con empresas y entidades, incluyendo lugar, fecha, asistentes y asuntos tratados.

Por el contrario, quedaron rechazados los otros dos apartados. Uno planteaba hacer obligatoria la comparecencia de la presidenta del Gobierno en cualquier comisión de investigación que afectase a la gestión del Ejecutivo. El otro instaba a aprobar medidas de protección para funcionarios de las mesas de contratación que emitieran votos particulares frente a posibles represalias políticas.

Debate con acusaciones cruzadas

El debate se desarrolló en un clima de acusaciones cruzadas, con el caso Cerdán como protagonista. El portavoz de UPN, Javier Esparza, acusó a la presidenta María Chivite de poner el Ejecutivo “al servicio de la voluntad política” de su mentor y cuestionó cómo se habrían gestionado situaciones similares con Yolanda Barcina. Según Esparza, la presidenta “debería dimitir” y asumir responsabilidades, mientras que Chivite permaneció como espectadora en su escaño.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu defendió que “no hay corrupción, no hay enriquecimiento y no hay conflicto de intereses”, señalando que los informes conocidos reflejan irregularidades administrativas, pero no prácticas corruptas. Reprochó a UPN de usar el caso con fines de “venganza política” y de “destrozar reputaciones” sin pruebas.

EH Bildu, a través de Adolfo Araiz, criticó que los regionalistas no esperen a las conclusiones de la comisión de investigación y opten por abrir un “proceso paralelo” con mociones en pleno. Araiz acusó a la derecha de intentar quebrar las mayorías parlamentarias progresistas.

Geroa Bai adoptó una posición intermedia, apoyando dos puntos de la moción y desmarcándose de sus socios. Su portavoz, Pablo Azcona, destacó que Navarra cuenta con un marco legal sólido, reforzando mecanismos de control, pero rechazó la “demagogia” y la duplicidad normativa.

Desde el PPN, Javier García consideró que la comisión de investigación había generado “una tormenta de barro para el PSN” y acusó a Chivite de no estar a la altura, señalando que “no es digna de ocupar un puesto como presidenta del Gobierno de Navarra”.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, cuestionó directamente a UPN sobre si consideraban a la presidenta o a los miembros del Gobierno corruptos y les acusó de instrumentalizar la moción para “crear narrativa” sin pruebas, calificando el debate de oportunismo político.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez mostró dudas sobre la eficacia de nuevos instrumentos de control, recordando que “ya existen multitud de órganos” y que han fallado. Pese a ello, respaldó la iniciativa porque, aunque parcial, “parece que vamos en el buen camino”.

El debate concluyó con Esparza insistiendo en que “nadie va a dimitir” y cuestionando a Chivite si consideraba a su Gobierno “tan honrado como Santos Cerdán”, recordando declaraciones pasadas sobre el exdirigente socialista encarcelado.