Las Plataformas Navarras Stop Biometanización han manifestado su decepción ante la supuesta moratoria aprobada por el Parlamento de Navarra, y que, como consecuencia de una enmienda pactada por UPN y PSN, deja fuera de suspensión a la mayoría de los proyectos actualmente en tramitación, y deja en suspenso la tramitación de unas pocas plantas, alargando su imposición en un año.

La decisión adoptada la semana pasada no responde a la urgente demanda social de paralizar la avalancha de macroplantas de biogás y biometano proyectadas en toda la Comunidad Foral. Se pedía suspender la tramitación de todos los proyectos hasta aprobar un Decreto Foral regulador de la gestión de estiércoles y digestatos, tal y como expresaba el texto de inicialmente elevado al Parlamento a propuesta de los grupos EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La “moratoria” aprobada, lejos de ofrecer una protección real al territorio, se convierte en una simple pausa administrativa para los nuevos proyectos, mientras los ya en tramitación seguirán su curso hacia la autorización definitiva.

Así, en lugar de garantizar un verdadero punto de inflexión y un posicionamiento a favor del territorio y del mundo rural, que es lo que se proponía, se ha aprobado una “moratoria” que es todo, menos eso: permite que la mayor parte de los proyectos continúen tramitándose (y aprobándose), entre ellos los de Los Arcos, Sesma, Viana, Arróniz, Artajona o Murillo el Cuende y, en cuanto a los pocos que se ven afectados por la suspensión, solo van a ver retrasada 12 meses su inevitable aprobación, porque en ese plazo mucho nos tememos que no se aprobará ninguna regulación de la gestión de estiércoles debidamente consensuada con los productores navarros, algo que, por otra parte, tampoco parece preocupar al Gobierno.

Resulta incomprensible esta decisión, cuando el informe de los servicios jurídicos del Parlamento avalaba sin ambages la propuesta original de moratoria.

Con el acuerdo adoptado hoy en el Parlamento, el Gobierno de Navarra ha blindado los intereses de las empresas promotoras en lugar de proteger la salud, el agua, el suelo y la supervivencia de las zonas agrícolas y ganadera. Nuevamente, han primado los intereses empresariales (de fondos de inversión que nada tienen que ver con Navarra ni los navarros y navarras) frente a los intereses de la población de una Comunidad Foral que, con decisiones como esta, lleva el camino de quedarse “vaciada”.

Desde las Plataformas exigen que el Ejecutivo foral asuma su responsabilidad y adopte medidas inmediatas para suspender todas las tramitaciones pendientes, garantizando que ninguna planta obtenga autorización mientras no exista una evaluación integral de impactos ambientales, sociales y económicos.