Uno de los letrados de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, Gonzalo Pérez Remondegui, ha afirmado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que el procedimiento fue “inusual, claramente”, aunque ha subrayado que no existieron presiones ni injerencias políticas en su labor. “No han tratado de influirme políticamente en ninguna decisión”, ha asegurado.

Pérez Remondegui ha comparecido ante los parlamentarios para detallar su papel en la adjudicación del proyecto de reforma de los túneles de Belate y Almandoz, un expediente que ha calificado de “excepcional” dentro de su experiencia profesional. “No recuerdo ningún otro voto particular. Este proceso es inusual, claramente. Me ratifico en los votos particulares. La adjudicación no es conforme a la ley”, ha declarado, reiterando los argumentos que ya recogió en su voto discrepante.

En una sesión más bronca que las anteriores en la que las interrupciones han sido la tónica habitual, el jurista ha explicado que el problema no residía en comportamientos personales ni en irregularidades externas, sino en el sistema de adjudicación acordado, que a su juicio no garantizaba plenamente los principios de igualdad entre las empresas licitadoras. “El problema estaba en el sistema que se había acordado, en el procedimiento. Yo en mi voto particular hablo del sistema, que es lo que no es igualitario. Se confundió los problemas en el sistema con la deshonestidad del presidente de la mesa. Son dos circunstancias que son independientes”, ha aclarado.

El letrado ha subrayado que su intervención se limitó al ámbito técnico y jurídico del expediente, dentro de las funciones que la normativa atribuye a los miembros de la mesa. En ese sentido, recalcó que la legalidad del proceso es una cuestión jurídica, no técnica, y que corresponde garantizarla al secretario, al interventor y al propio letrado. “Ellos —los ingenieros— valoran técnicamente, es su especialidad, la ley les otorga esa capacidad en función de sus conocimientos, pero tienen que hacer la valoración de acuerdo con la ley”, ha explicado.

“Ese es un requisito de nulidad”

Durante su comparecencia, Pérez Remondegui ha recordado que, tras la disolución de la mesa, el entonces director general de Obras Públicas solicitó un informe de solvencia, una actuación que, según sostuvo, no correspondía a dicho órgano. “Ese es un requisito de nulidad. Son funciones exclusivas de la mesa y el órgano de contratación es manifiestamente incompetente para desarrollar actuaciones que legalmente están atribuidas en la ley a la mesa”, ha afirmado. Por ello, ha considerado que la adjudicación debió ser declarada nula por motivos formales.

No obstante, el letrado ha sido tajante al desvincular estos aspectos jurídicos de cualquier acusación de corrupción o manipulación. En sus palabras, el origen del conflicto se encuentra en la configuración del procedimiento y no en la conducta personal de los responsables de la adjudicación. “Eso es lo que había que sanar, independientemente de la votación. El problema era el sistema, independientemente de cuándo había votado el presidente”, ha matizado.

Preguntado por la investigación policial abierta posteriormente sobre Servinabar, la empresa adjudicataria de las obras en UTE con Acciona y Osés, Pérez Remondegui ha reconocido que la noticia le resultó “impactante”, aunque ha subrayado que su actuación se limitó estrictamente al proceso administrativo. “Yo estoy en el procedimiento administrativo, nunca me ha pasado esto en el desarrollo de un contrato. Yo hice lo que tenía que hacer de acuerdo con la ley, siempre he intentado hacerlo”, ha explicado.

El letrado ha insistido en que su papel fue garantizar la legalidad del expediente, sin interferencias externas ni condicionamientos de tipo político. “Yo hice un voto particular porque consideraba que no era de acuerdo con la ley y lo sigo considerando”, ha reiterado ante los parlamentarios.