“Las comisiones de la verdad reconocen a las víctimas como sujetas del derecho y les dan voz, las empoderan”

Pochak recordó que el derecho a la verdad “no está consagrado expresamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pero que su desarrollo ha sido “uno de los aportes más significativos del sistema interamericano frente a las graves violaciones ocurridas en la región”. Desde los años setenta y ochenta, cuando las desapariciones forzadas se convirtieron en una práctica sistemática bajo las dictaduras del Cono Sur y los conflictos armados en Centroamérica, este derecho emergió como una respuesta al sufrimiento de miles de familias. En 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó un precedente al reconocer que los familiares de las víctimas tienen derecho a saber “cuál fue el destino de las víctimas y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”.

A partir de ahí, explicó, el derecho a la verdad pasó de ser un componente del deber estatal de investigar a consolidarse como un derecho autónomo, con doble dimensión: individual, que ampara a las víctimas y sus familiares en su búsqueda de justicia, y colectiva, que garantiza a toda la sociedad el acceso a la verdad histórica como condición para la no repetición de los abusos. En palabras de la relatora, esa dimensión colectiva “transforma el derecho a la verdad en un instrumento democrático que pertenece a todos, no solo a quienes sufrieron directamente la violencia”.

Las comisiones, un vehículo para la paz

Las Comisiones de la Verdad, subrayó Pochak, han sido el gran vehículo de ese proceso. Más de quince países del continente las han impulsado desde los años ochenta, cada una con su propio alcance y contexto. Citó las experiencias pioneras de Bolivia (1982) y Argentina (1983), esta última con la emblemática CONADEP, que permitió identificar a miles de desaparecidos. Posteriormente, Guatemala, Perú, México o Uruguay ampliaron sus mandatos para analizar no solo los hechos violentos, sino también sus causas estructurales: las desigualdades sociales, el racismo o la exclusión política.

La relatora destacó especialmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, que en 2022 presentó diez volúmenes con sus hallazgos. “Su trabajo incorporó un enfoque de género y visibilizó las afectaciones diferenciadas a pueblos indígenas y comunidades rurales”, señaló. Ese esfuerzo, dijo, marcó un precedente por su capacidad de articular memoria, justicia y reconciliación en medio de un conflicto aún latente.

Sin embargo, advirtió que estos avances “se enfrentan a una contraofensiva preocupante”: discursos revisionistas que minimizan los crímenes del pasado, recortes presupuestarios a instituciones de memoria y ataques directos a organismos encargados de preservar los archivos y garantizar la justicia. “Estas posturas no solo limitan la efectividad de las políticas desarrolladas, sino que cuestionan su legitimidad y desmontan avances alcanzados en décadas de lucha por los derechos humanos”, alertó.

Pochak abogó por políticas de memoria integrales que no se queden en ejercicios simbólicos, sino que generen impacto real en la lucha contra la impunidad. “Las Comisiones de la Verdad han sido herramientas fundamentales para reivindicar la dignidad de las víctimas, comprender las causas de la violencia y fortalecer las democracias basadas en los derechos humanos”, sostuvo. Su efectividad, añadió, depende de la participación activa de la sociedad civil y del compromiso de los Estados para cumplir sus recomendaciones.