“Las negociaciones de paz sí tienen sentido y nos permiten avanzar hacia el fin del conflicto”

Vidal recordó que Colombia “ha tenido muchos procesos de paz en los últimos 30 años”, aunque la violencia no ha desaparecido por completo. Explicó que el acuerdo alcanzado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP dio lugar a un modelo de justicia transicional único en el mundo, estructurado en tres pilares: una Comisión de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y un Tribunal para la Paz, conocido como JEP. “La Comisión ya terminó su trabajo, pero las otras dos seguimos avanzando tanto en la investigación judicial como en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”, detalló.

El magistrado admitió que el proceso enfrenta retos significativos. “Trabajamos judicialmente en medio de varios conflictos que siguen entre diversos grupos en Colombia”, señaló, aludiendo a la persistencia de violencias locales, economías ilegales y disputas territoriales. A ello se suma, dijo, “el problema de la radicalización política: no hay un acuerdo todavía sobre la verdad”. En su opinión, “todos los hallazgos, juicios y búsquedas forman parte de debates políticos que están vivos”, y eso refleja que “la memoria, la verdad y la justicia hacen hoy parte del debate democrático más profundo” del país.

Justicia restaurativa centrada en las víctimas

Vidal explicó que la JEP es un tribunal especial que no sustituye a la justicia ordinaria, sino que busca establecer responsabilidades individuales en los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, al tiempo que ofrece beneficios jurídicos a quienes contribuyan de manera efectiva a la verdad, la reparación y la no repetición. “No se trata de impunidad, sino de una justicia diferente, adaptada a un país que necesita sanar”, precisó.

Entre los avances más relevantes, destacó que la jurisdicción ha abierto casos de macrocriminalidad que abarcan tanto los delitos cometidos por la insurgencia como los de agentes del Estado y terceros civiles implicados. “Juzgamos crímenes de los dos bandos: de las guerrillas, de los agentes estatales y de quienes se beneficiaron de la guerra”, afirmó, subrayando que esa imparcialidad ha permitido a muchas víctimas recuperar la confianza en las instituciones.

El magistrado también defendió la dimensión reparadora del proceso. “La justicia transicional no busca venganza, sino responsabilidades y reparación”, señaló, poniendo el acento en que las víctimas “no son un apéndice del sistema, sino su eje central”. En su opinión, escuchar sus testimonios y reconocer el daño sufrido es una condición imprescindible para construir una convivencia duradera.

Un proceso vivo y con desafíos

Vidal insistió en que la implementación del acuerdo de paz sigue siendo un proceso “vivo”, que requiere tiempo, voluntad política y compromiso ciudadano. Reconoció que en Colombia aún persisten zonas con presencia de grupos armados, pero subrayó que el país ha cambiado: “Hoy los colombianos saben que existe un camino distinto al de la violencia”.

El magistrado valoró el trabajo de las instituciones nacidas del acuerdo de 2016 y subrayó que su legitimidad se construye “día a día, a través de decisiones judiciales serias, públicas y transparentes”. Asimismo, reivindicó la colaboración de la comunidad internacional y la cooperación española en el fortalecimiento de estos mecanismos de verdad y justicia.

Para Vidal, el principal aprendizaje del proceso colombiano es que “la paz no se firma, se construye con justicia y verdad”. Por ello, instó a mantener vivas las negociaciones con los grupos que aún permanecen activos y a adaptar los instrumentos de justicia a los nuevos contextos del país. “Las negociaciones de paz sí tienen sentido”, reiteró, “porque son las que nos permiten avanzar, reconocer a las víctimas y garantizar que lo vivido no vuelva a repetirse”