El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el anteproyecto de ley que modificará la Ley Foral de Transparencia de 2018 con el objetivo de crear un registro de grupos de interés —conocidos comúnmente como lobbies— que permita conocer qué personas u organizaciones intentan influir en las decisiones de los poderes públicos. El texto, que ha sido presentado ante los medios de comunicación por el vicepresidente Félix Taberna, se remitirá ahora al Parlamento para su debate y aprobación definitiva.

El nuevo registro, que gestionará la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), incluirá a todas las personas, asociaciones, empresas u organizaciones que mantengan relaciones con las instituciones forales con el propósito de influir, directa o indirectamente, en la elaboración de políticas, normas o decisiones públicas. Su inscripción será obligatoria y permitirá identificar y controlar este tipo de actividades, con independencia del canal o medio utilizado.

Según el anteproyecto, la herramienta afectará a las tres principales instituciones forales reconocidas en la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral: el Parlamento, el Gobierno y la presidenta. El registro dará publicidad a las actuaciones de los grupos inscritos, como reuniones, audiencias, informes o comunicaciones que mantengan con responsables públicos o representantes electos.

La ley considera grupos de interés a las personas o entidades que dediquen parte de su actividad profesional a influir en los procesos de elaboración o aplicación de políticas y normas, o en la toma de decisiones públicas, ya sea en defensa de intereses propios, ajenos o generales. También se incluirán plataformas o redes que, sin tener personalidad jurídica, actúen de forma organizada para influir en la acción pública.

Más control y rendición de cuentas

El anteproyecto de ley introduce otras modificaciones en la normativa de transparencia con el fin de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas. Una de las principales novedades es el fortalecimiento del Consejo de Transparencia de Navarra, órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del derecho de acceso a la información pública.

La nueva norma plantea suprimir la presencia de representantes políticos en el Consejo de Transparencia y sustituirlos por perfiles técnicos. El órgano quedará integrado por la persona titular de la presidencia y siete vocalías, en representación de distintas instituciones: el departamento del Ejecutivo foral competente en transparencia, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra.

El mandato de la presidencia pasará de cuatro a seis años y no podrá renovarse. Además, quien ocupe este cargo no podrá pertenecer a ningún partido político en el momento de su nombramiento. También se prevé la posibilidad de establecer retribuciones para la presidencia, la secretaría y las personas que realicen ponencias o resuelvan reclamaciones.

Otra de las modificaciones destacadas es la incorporación de la OANA como nueva entidad sujeta a las obligaciones de transparencia, al no existir en el momento de aprobarse la ley original. Asimismo, el Consejo de Transparencia podrá exigir a las administraciones que depuren responsabilidades internas cuando se produzcan infracciones, y se permitirá que parlamentarios o representantes locales presenten reclamaciones ante este organismo.

Más información pública accesible

En materia de publicidad activa, la reforma prevé nuevas obligaciones para mejorar la información pública disponible sobre la gestión. Entre ellas, se incluirá la publicación de los nombres de los empleados públicos que cuenten con autorización para compatibilizar su trabajo con actividades en el sector privado. También se refuerza la cooperación con las entidades locales para que puedan cumplir con sus deberes de transparencia, y se establece que el Tribunal Administrativo de Navarra publique todas las resoluciones de los recursos de alzada que tramite.

El anteproyecto se basa en las propuestas del Consejo Navarro de Transparencia, de las cuales el Gobierno ha incorporado la mayoría, y ha pasado por un proceso de exposición pública antes de su aprobación en sesión de Gobierno.

La creación del registro de grupos de interés sitúa a Navarra entre las primeras comunidades que regulan de forma específica la relación entre los poderes públicos y quienes buscan influir en sus decisiones. La medida pretende ofrecer mayor visibilidad sobre la interlocución institucional y reforzar la confianza ciudadana en la gestión pública.