El Congreso de los Diputados volvió a convertirse ayer en el escenario donde se intenta recomponer, pieza a pieza, la caótica tarde del 29 de octubre de 2024. Allí, ante la comisión que investiga la gestión de la trágica dana que dejó 229 víctimas, compareció Carlos Mazón, presidente valenciano en funciones, decidido –una vez más– a negar errores y a sostener que nada de lo ocurrido dependió de él.
Como ya hiciera días atrás en Les Corts, Mazón llegó sin intención de enmendar nada. Defendió su permanencia en un restaurante hasta bien entrada la tarde y justificó que su presencia en el Cecopi –el centro de coordinación de emergencias– no habría cambiado el rumbo de los acontecimientos. “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”, argumentó, insistiendo en que la información disponible no anticipaba lo que se avecinaba. Una versión que volvió a chocar con la advertencia previa de Aemet, que había comunicado a Emergencias que el peor tramo se produciría entre las 15.00 y las 18.00 horas.
La sombra que todo lo envuelve sigue siendo la misma: la llamada “hora ciega”, ese intervalo crucial entre las siete y las ocho de la tarde, cuando numerosos municipios ya estaban bajo el agua y cientos de personas habían quedado a merced de la riada. Mazón no aportó luz. Preguntado por qué no respondió a las llamadas de la consellera Salomé Pradas, afirmó que quizá no oyó el teléfono porque “iba andando” y “lo llevaba en la mochila”. A las 19.10 y a las 19.36 recibió avisos de Pradas que tampoco respondió: en un caso, dice, porque caminaba; en el otro, porque estaba hablando con otras personas.
Las contradicciones no hicieron sino multiplicarse. Mientras aseguraba no haber visto mensajes de su consellera durante la comida, rechazó revisar su móvil alegando que solo las Cortes Valencianas son su órgano fiscalizador. Al mismo tiempo sostuvo que estuvo “en contacto con ella todo el día”, aunque matizó que lo hizo a través de su equipo, no directamente.
La comisión avanzó entre fechas, horas y un minucioso interrogatorio que recorrió incluso su ropa de aquella tarde, su cambio de chaqueta por un jersey que –explicó– llevaba en la mochila porque tenía frío. Todo ello mientras diputados de distintos grupos le recordaban que las alertas ya hablaban de peligro extremo y que el mensaje de Es-Alert, preparado desde las 18.37, no se envió hasta las 20.11 horas, cuando la provincia de Valencia estaba ya dramáticamente anegada.
El presidente en funciones aseguró que su papel no era intervenir, sino “respaldar a los técnicos” y “molestar lo menos posible”, pues –dijo– son ellos quienes deben tomar decisiones en plena emergencia. También defendió que no le correspondía declarar una emergencia catastrófica porque la ley no se lo permitía. Mazón insistió en que en función de la información de la que disponía “no se podía actuar de otra manera” y, de hecho, no tenía previsto ir al Cecopi ni nadie le esperaba allí.
Una cronología incompleta
A medida que avanzaba la sesión, una imagen se hizo más clara: la investigación continúa atrapada en los huecos y silencios de una cronología incompleta. Mazón negó responsabilidades directas, defendió la actuación de los técnicos y mantuvo que nadie podía prever la dimensión de la tragedia en el Barranco del Poyo. Pero la comisión sigue buscando respuestas sobre esos minutos en los que la riada arrasó poblaciones enteras mientras el máximo responsable político de la gestión de emergencias permanecía desconectado.
La tarde del 29 de octubre continúa sin cerrarse. Y, a la vista de lo escuchado ayer en el Congreso, aún queda mucha verdad por reconstruir.
