Los 'Comuns' se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal

El abogado y eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha presentado este jueves una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal.

Según el partido, la acción judicial se basa en los hechos del 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia del fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Durante el acto, el magistrado afirmó: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado", un comentario pronunciado en tono jocoso y seguido de risas. Según la querella, esta frase constituye una “revelación explícita de información reservada” sobre tres aspectos:

• el estado interno de las deliberaciones,
• el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada,
• la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo.

La querella alega que estos datos están protegidos por el secreto de la deliberación (art. 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y que su vulneración afecta al derecho a un juicio imparcial.

Para los Comuns, la participación simultánea de tres magistrados del tribunal en un acto organizado por una de las partes acusadoras compromete la apariencia de imparcialidad, contraviniendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no solo imparcialidad real sino también apariencia de imparcialidad.

La decisión sobre la admisión a trámite corresponderá a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, competente para juzgar a magistrados.

Revelación “reservada” y conflictos de imparcialidad

En la querella, elaborada junto a la abogada Alejandra Jacinto, se sostiene que el público interpretó que el magistrado estaba revelando información interna y reservada sobre la elaboración de la sentencia. También se afirma que Martínez Arrieta era consciente del carácter impropio de su comentario al presentarlo en clave humorística.

La querella subraya también que en el mismo curso participaron como docentes otros dos magistrados del tribunal: Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, ambos integrantes de la deliberación en ese procedimiento.

“No resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad”, denuncia el escrito.

Además, se menciona que del Moral mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de una parte interesada, por haber sido director de su tesis doctoral, lo que añade un riesgo adicional para la apariencia de imparcialidad.

Asens: “La ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales”

En declaraciones a Europa Press, Asens afirmó que en un Estado democrático “ningún juez puede anunciar sentencias en público, y menos aún desde la sede de uno de los acusadores”. Añadió que se trata de un asunto de salud democrática: “La ciudadanía tiene derecho a tribunales imparciales, no a magistrados que revelan deliberaciones internas y hacen chascarrillos sobre procesos pendientes”. Concluyó que si no se defiende la imparcialidad judicial, “la democracia pierde su última línea de defensa”.