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La mayoría progresista frena el intento de la derecha de condicionar la fiscalidad en Navarra

El pleno del Parlamento foral tumba las enmiendas a la totalidad de UPN, PP y Vox / El proyecto continúa su tramitación hasta su aprobación definitiva el 18 de diciembre

Vista del hemiciclo durante el pleno del Parlamento de Navarra de este jueves 27 de noviembreUnai Beroiz

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La mayoría parlamentaria progresista ha tumbado este jueves el intento de la derecha de condicionar la política fiscal navarra bajo el mantra de que es posible bajar impuestos de forma generalizada sin afectar a los servicios públicos. PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y —el socio presupuestario que se abstendrá en la votación final del 18 de diciembre— EH Bildu, han defendido la reforma fiscal impulsada por el Gobierno foral, una medida que, según han remarcado, prioriza a las rentas bajas y medias, mejora la equidad y garantiza la financiación del Estado del bienestar frente a las propuestas de UPN, PP y Vox.

El proyecto aprobado eleva el umbral obligatorio para declarar el IRPF de 14.500 a 17.000 euros y amplía la deducción por mínimos personales para rentas de hasta 32.000 euros, con una reducción progresiva para evitar el “error de salto”. El Gobierno navarro estima que 340.000 contribuyentes, alrededor del 70% del total, se beneficiarán de estas medidas. También se refuerzan las deducciones para complementar pensiones de viudedad y jubilación hasta 15.400 euros, lo que permitirá situar la pensión mínima en 1.100 euros. En el sector del transporte, el límite del régimen específico pasa de 200.000 a 250.000 euros y las ayudas públicas al colectivo estarán exentas hasta 20.000 euros.

En el Impuesto de Sociedades, las empresas podrán ver reducido el tipo nominal del 28% al 25% si mantienen el empleo, no aplican ERTE, reducen la siniestralidad y disponen de un plan de igualdad. Además, por primera vez se implantará un suelo mínimo de tributación del 13%, 11% o 10%, según el tamaño de la empresa y su tipo nominal. El impacto total de estas medidas se cifra en 135 millones de euros.

Arasti acusa a la derecha de irresponsabilidad fiscal

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha defendido la reforma como un acuerdo “nacido del diálogo” entre formaciones “que tienen muchas diferencias, pero una coincidencia clara: cumplir el mandato de la ciudadanía”. Arasti ha subrayado que más de 340.000 personas, “trabajadores por cuenta ajena y autónomos”, verán declaraciones “mucho más favorables”.

El consejero ha cargado duramente contra la derecha: “Es difícil entender que a la derecha extrema de esta comunidad le importe poco esta tierra. ¿Cuánto nos podrían costar esas rebajas fiscales infinitas y qué servicios públicos tendríamos que privatizar?”, ha preguntado. A su juicio, las propuestas de UPN, PP y Vox “no se sostienen en cifras reales” y muestran que “no creen en la importancia de los servicios públicos”.

La derecha insiste en el “infierno” fiscal

Cada partido de la derecha presentó su enmienda a la totalidad, todas rechazadas en el pleno por la mayoría progresista. Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha denunciado que el Gobierno foral mantiene un “agravio fiscal” respecto a otras comunidades: “Se penaliza a las familias recortándoles la renta disponible. Se penaliza con el tipo fiscal más alto de España a las empresas navarras”, ha afirmado, reprochando que Navarra siga “profundizando un castigo fiscal” diez años después de que, según ha dicho, comenzara este diferencial.

Desde el PP de Navarra, Irene Royo, ha acusado al Ejecutivo de legislar “a un precio inasumible para Navarra”: “La propuesta no es ambiciosa y van a seguir perjudicando a las familias de rentas medias y a las empresas”, ha sostenido. “En vez de escuchar a la sociedad navarra escuchan a EH Bildu. Cada vez dependen más de la izquierda abertzale”.

Por su parte, Emilio Jiménez (Vox) ha calificado la reforma como “la enésima consolidación de un modelo fiscal asfixiante”: “No es fiscalidad, es ingeniería social con el dinero ajeno, un ataque al ahorro y a la propiedad privada”, ha afirmado.

El bloque progresista defiende la reforma

Sin embargo, los grupos que sostienen al Gobierno han cerrado filas en defensa del proyecto. La socialista Ainhoa Unzu ha afirmado que la ley “es buena para la mayoría social de Navarra” y ha criticado que la derecha solo plantee “bajar y bajar sin condiciones”. “Eso es la ruina del estado del bienestar. Hay dos modelos: el que aporta y el que recorta”, ha señalado, advirtiendo de que estas recetas “se padecen en hospitales, escuelas, carreteras y prestaciones”.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha enfatizado que “la base del estado del bienestar es la fiscalidad”. Ha recordado que los impuestos financian servicios como educación, sanidad o pensiones, y ha reprochado a la derecha que nunca cuantifique el impacto de sus propuestas: “Proponen y proponen, pero nunca dicen cuánto costarían”.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha remarcado que se cumple con lo solicitado por su grupo: “Aliviar la fiscalidad de rentas medias y bajas”. Ha defendido que la reforma supone una “rebaja fiscal hasta los 34.000 euros” y beneficia “a la gran mayoría social de esta comunidad”. También ha afirmado que “la mayoría de las empresas navarras ganan” con el nuevo esquema y que el objetivo último es “la redistribución de la riqueza, no una mera recaudación”.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha ofrecido un discurso irónico imaginando a UPN en el Gobierno y aplicando su agenda fiscal. Ha recordado que en 2015 el informe de Comptos advirtió de que los regionalistas “no eran capaces de cuadrar ingresos y gastos”: “Convirtieron a Navarra en un infierno en materia de estabilidad presupuestaria”, ha dicho, antes de concluir que UPN seguirá siendo “el principal partido de la oposición”.