El PNV retira la enmienda a la totalidad a la ley de dependencia, que pasa su primer examen en el Congreso

El Grupo Vasco decidió este jueves retirar la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley que modifica las leyes de dependencia y discapacidad, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre distintos aspectos que, según la portavoz jeltzale Maribel Vaquero, eran claramente invasivos para las competencias de las Comunidades Autónomas.

El texto del Gobierno afecta a dos leyes: por un lado, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, donde el Grupo Vasco considera que se han ido subsanando las cuestiones relativas al ámbito competencial. Por otro lado, en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia se proponían cambios en servicios y prestaciones de asistencia social, competencias exclusivas de Euskadi y Navarra.

Vaquero señaló que se habían identificado hasta once aspectos lesivos en la norma, pero que tras el acuerdo con el Ejecutivo, la mayoría serán incorporados mediante enmiendas. “Queda algún fleco por resolver, pero damos paso a la tramitación con el objetivo de que, respetando competencias, podamos introducir mejoras para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como mejorar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes”, explicó.

En cuanto a la financiación, Vaquero reconoció que hay margen de mejora. La ley de dependencia amplía la cartera de prestaciones y establece estándares más exigentes, lo que implicará un sobrecoste presupuestario, pero criticó que no existe ninguna estimación sobre el compromiso estatal de aumentar su participación en la financiación del nivel convenido, que según el artículo 32 debería ser del 50%, porcentaje que actualmente no se cumple.

En Euskadi, la aportación estatal en 2023 fue solo del 16,1%, pero, gracias a decisiones de las instituciones vascas, se cumple con el 100% de la Cartera de Servicios establecidos por ley. Vaquero destacó que esta ha sido una opción de país para garantizar el mejor servicio a las personas dependientes y más vulnerables, y subrayó que para el PNV es fundamental respetar las competencias autonómicas, ya que esto asegura un modelo de cuidados más eficaz para vascos y vascas.

Bustinduy asegura que la reforma contará con la financiación necesaria

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que este jueves pasa su primer examen en el Congreso, contará "con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante".

"Es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado", ha prometido Bustinduy.

Así lo indicó durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.

En concreto, el Congreso vota este jueves una enmienda de devolución de Junts. Por su parte, el PNV ha decidido retirar su enmienda a la totalidad, tras negociar con el Gobierno, alegando que el texto invadía competencias autonómicas y no garantizaba la financiación.

Bustinduy ha subrayado la "triste realidad" de un pasado de infrafinanciación crónica" y ha destacado que desde 2020 la contribución del Estado al sistema de dependencia se ha incrementado en un 150%, y se ha triplicado desde 2014. Para 2025, se alcanzará un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros.

El ministro ha enfatizado que la ley es "una ley del país, construida con el empuje, conocimiento y talento de las organizaciones sociales", como CERMI, CEOMA, ONCE, Plena Inclusión, entre otras.

También recordó que hace unas semanas se aprobó por unanimidad el Decreto Ley de Desarrollo de la Ley ELA, con 500 millones de euros de financiación extraordinaria para garantizar la atención 24 horas para el nuevo grado 3 plus de dependencia, y que se logró un acuerdo unánime con todas las comunidades autónomas para el despliegue de la ley.

"Prolongar la senda de los avances"

Bustinduy instó a los grupos a prolongar la "senda de avances sociales" durante la tramitación y consideró que sería "una gran contribución para mejorar nuestra democracia y nuestro Estado social".

Por su parte, el diputado de Junts, Josep María Cruset, denunció que el proyecto supone "una contundente invasión competencial" y recordó que "más de 100.000 catalanes han muerto en lista de espera" por falta de recursos.

Desde el PP, Enrique Belda advirtió que "sin dinero no hay desarrollo de los derechos", y criticó la "prisa" por aprobar el "producto legislativo".

El diputado del PSOE, Emilio Saez, defendió que el proyecto es "consensuado", no vulnera competencias en Cataluña y reprochó al PP falta de inversión en sus CCAA.

Desde Vox, Rocío De Meer acusó a Junts de ser "abanderados del egoísmo, carroñeros de los impuestos de los españoles y ladrones de la identidad colectiva". Criticó que la reforma "no brinda ayuda real" y calificó la situación como "estafa".

El diputado de Sumar, Lander Martínez, alabó el "esfuerzo" de Derechos Sociales y defendió que la norma "respeta el ámbito competencial" y puede incorporar mejoras durante la tramitación. El diputado de ERC, Jordi Salvador i Duch, criticó que la ley hace "grandes promesas sin presupuesto". La diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, advirtió que los derechos podrían quedar en "papel mojado" sin financiación.