El secretario técnico de Cohesión Territorial niega hacer “seguidismo del Gobierno”

Jiménez Izu ha comparecido para explicar su papel en el modificado de la obra, que incrementaba en 8,5 millones de euros el presupuesto inicial y que recibió un reparo suspensivo de la Intervención General. El secretario general técnico ha dejado claro que avaló jurídicamente ese modificado y que no siente que tenga “ninguna responsabilidad” porque “emití un informe jurídico con una dirección facultativa que asegura unos imprevisibles, que razona con motivos”. Según ha remarcado, su función fue estrictamente técnica y ceñida a la documentación disponible.

Uno de los ejes centrales de su testimonio ha sido la asunción del reparo formulado por la Intervención General. Jiménez Izu ha explicado que el Gobierno de Navarra “acatará el reparo suspensivo” y cerrará el expediente del modificado actual, dando por finalizado el procedimiento que contemplaba el sobrecoste. A partir de ahora, ha señalado, se iniciará un nuevo procedimiento administrativo, lo que supone un punto de inflexión en la gestión de la obra. 

En este contexto, el responsable técnico ha detallado que el Departamento trabaja en fórmulas jurídicas para poder abonar las certificaciones pendientes correspondientes a unidades de obra no cuestionadas por la Intervención. Según ha explicado, se procederá al pago de las certificaciones que llevan sin abonarse desde el pasado mes de mayo, actuando siempre “con las líneas rojas” marcadas por el interventor. “Ese modificado ahora va a finalizar, se iniciará un nuevo procedimiento, se pagará quitando las unidades de obra del informe”, ha resumido. 

Jiménez Izu ha subrayado que, mientras se resuelve la situación administrativa del modificado, la obra continúa conforme al proyecto originario. Paralelamente, ha indicado que se están analizando “posibilidades jurídicas a futuro para poder abonar las unidades” excluidas del modificado ahora cerrado. El secretario general técnico ha explicado que el objetivo es desatascar la situación sin contravenir el criterio del órgano fiscalizador. 

Durante su comparecencia, Jiménez Izu ha señalado que fue el propio interventor general, Juanjo Pérez Capapay, quien le solicitó un informe jurídico sobre el expediente del modificado en septiembre. Aunque la ley no le obliga a emitirlo, consideró que “es normal que el interventor lo solicite debido a la importancia y trascendencia de la obra”. Según ha indicado, la solicitud se produjo incluso por teléfono y sin que se le adelantara la posterior formulación del reparo. “La decisión se adopta después, una vez examinada toda la documentación”, h señalado. 

El informe elaborado por el secretario general técnico fue favorable al modificado, al entender que concurrían causas de imprevisibilidad debidamente justificadas por la dirección facultativa de la obra. Según ha explicado ante la comisión, “con la documentación que yo tenía en ese momento se presentan tres razones de imprevisibilidad” que estaban “argumentadas” y “justificadas”. Entre ellas, la falta de adecuación del terreno a los estudios previos realizados, con diferencias relevantes respecto a lo previsto en los sondeos iniciales. 

Frente a las críticas por el momento en el que se planteó el modificado, al inicio de la ejecución de la obra, Jiménez Izu ha insistido en que su análisis se limitó al expediente administrativo. “Hay una propuesta de resolución, hay un informe de la dirección facultativa y hay un informe de la Dirección General. A mí me llega el expediente con un informe de dirección facultativa que justifica, por imprevisibilidad, el cambio en esas unidades y eso es lo que estudiamos”, ha afirmado. Ha negado de forma tajante haber actuado por indicaciones políticas: “Para nada”. 

En relación con la adjudicación de las obras, el secretario general técnico ha reconocido que, cuando llegó al departamento, la propuesta de adjudicación ya había sido formulada por la mesa de contratación y que existieron discrepancias entre técnicos, vocales jurídicos e Intervención. Ha defendido que los votos particulares no se ocultaron y que “todas las empresas y todas las entidades a las que se notificó la resolución de adjudicación tuvieron conocimiento del acta técnica y de todos los votos particulares”. A su juicio, la decisión de la mesa es “unívoca”, aunque existan discrepancias internas. 

Jiménez Izu también ha abordado las dudas planteadas sobre el sistema de votación empleado en la mesa, señalando que “no hay una regulación del procedimiento para valorar técnicamente” y que a lo largo de su trayectoria ha visto “todo tipo de formas” de proceder. En el caso de Belate, ha explicado que el presidente de la mesa, Jesús Polo, sostuvo que era “la forma de proceder habitual”. Aunque ha admitido que “hay que trabajar para mejorar los procedimientos”, ha defendido que no puede exigirse un modelo único de valoración técnica. 

El secretario general técnico ha negado haber tenido conocimiento de influencias externas o presiones sobre los miembros de la mesa de contratación. “Se comentó algo del rumor, que habían comentado los técnicos, pero para nada ningún motivo de influencia”, ha afirmado, defendiendo que todos los participantes actuaron “sin ningún tipo de presión”. Asimismo, ha descartado que la adjudicación de Belate pueda considerarse nula de pleno derecho, al entender que se cumplieron los requisitos legales y que existen actas y documentación que respaldan el procedimiento seguido. 

Por último, Jiménez Izu se ha referido al traslado del secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, a una nave de Landaben, reiterando ese traslado no era de su competencia y que “para nada” se le trasladó la intención de impedir que Serena regresara al Departamento. Según ha explicado, el cambio de adscripción corresponde a la Dirección General y, tras la comunicación de la Oficina de Anticorrupción, “se dieron cuenta de que había sido un error” y el traslado quedó sin efecto.