El secretario general técnico de Cohesión Territorial, Eduardo Jiménez Izu, ha defendido este miércoles en el Parlamento de Navarra que su actuación en el expediente de los túneles de Belate no responde a ningún “seguidismo del Gobierno”. En su comparecencia ante la comisión de investigación, ha asegurado que su análisis se basa exclusivamente en los informes técnicos y jurídicos disponibles.
En su intervención, que se desarrolla en un tono mucho más sosegado que el de ayer, Jiménez Izu ha explicado que el departamento trabaja actualmente en fórmulas jurídicas que permitan abonar determinados sobrecostes incluidos en el modificado de la obra, después de que este recibiera un reparo suspensivo de la Intervención General. Según ha indicado, el Ejecutivo foral asumirá ese reparo y dará por cerrado el expediente del modificado que elevaba en 8,5 millones de euros el presupuesto inicial.
En este contexto, el responsable técnico ha detallado que el Gobierno de Navarra cerrará el modificado actual y pondrá en marcha un nuevo procedimiento administrativo. Mientras tanto, se procederá al pago de aquellas unidades de obra que no aparecen cuestionadas en el informe de Intervención, ajustándose a las “líneas rojas” marcadas por el órgano fiscalizador.
Las obras de los túneles de Belate fueron adjudicadas a una UTE formada por Osés Construcción, Acciona y Servinabar —esta última ya está fuera de la unión—, si bien esta última ya no forma parte de los trabajos. Jiménez Izu ha señalado que, a partir de ahora, el departamento está analizando cómo abonar legalmente las partidas excluidas y qué posibilidades jurídicas futuras existen para las restantes.
Durante su intervención, ha relatado que el interventor general le solicitó un informe jurídico sobre el expediente del modificado en el mes de septiembre, una petición que, aunque no es obligatoria por ley, consideró habitual dada la relevancia y el volumen económico de la obra. Ha añadido que la decisión del reparo se adoptó posteriormente, una vez examinada toda la documentación.
El informe elaborado por el propio Jiménez Izu fue favorable al modificado, al entender que concurrían causas de imprevisibilidad. Según explicó ante la comisión, la justificación principal del sobrecoste radicaba en la falta de adecuación del terreno a los estudios previos realizados, un extremo que, a su juicio, permitía considerar el modificado como ajustado a derecho en ese momento.
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