Granados vuelve al banquillo por el caso Púnica, más de 11 años después de su arresto

La Audiencia Nacional sienta desde el lunes en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 con su arresto y el de medio centenar de personas por presunta corrupción, entre ellas varios alcaldes de la región.

Granados, que pasó dos años y medio en prisión preventiva, solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel.

El juicio que arranca este lunes, y que se prolongará hasta el próximo mes de marzo, se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.

Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38.

Además de él, están acusadas otras trece personas, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes de municipios madrileños.

Es el caso de los exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica); Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro, también exsenador, y Daniel Ortiz, y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien pide inhabilitación de ocho años.

La adjudicación sospechosa de un sinfín de fiestas

La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.

La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.

Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".

Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music.

En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), y en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.

Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.