El Congreso de los Diputados ha vuelto a evidenciar este martes la fragilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sufrido una nueva derrota tras la derogación del decreto ley del llamado escudo social, un paquete de medidas clave que incluía la revalorización de las pensiones, la prohibición de desahucios y el veto al corte de suministros básicos a personas vulnerables. El texto decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que, en una votación paralela, el decreto que prorrogaba las ayudas al transporte público sí logró salir adelante gracias a la abstención de los populares.
Ambos decretos habían sido aprobados en el último Consejo de Ministros de 2025, y estaban en vigor desde su publicación. Sin embargo, necesitaban ser convalidados por el Pleno del Congreso. La sesión parlamentaria confirmó las dificultades del Ejecutivo para articular mayorías estables y dejó en el aire medidas de alto impacto social.
En el caso del escudo social, los cuatro partidos de derechas sumaron sus votos para tumbar el decreto, pese a que tanto los populares como la formación catalana aseguran respaldar la revalorización de las pensiones. Como consecuencia inmediata, decayó la subida general del 2,7% que ya había entrado en vigor, así como el resto de medidas incluidas en el texto, entre ellas la prohibición de desahucios y del corte de agua, luz y gas a colectivos vulnerables.
El decreto contemplaba, además, un incremento del 7% en las pensiones mínimas, que en algunos casos alcanzaba el 11,4%, como en las pensiones con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también se revalorizaban un 11,4%. A ello se sumaban la actualización de las bases de cotización del sistema de Seguridad Social, la tabla de cotización de los trabajadores autónomos para 2026, incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la exención del IRPF en indemnizaciones por daños personales derivados de los incendios forestales del pasado verano.
En el debate, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió a los grupos parlamentarios “altura de miras” para evitar “hacer daño a millones de ciudadanos”. La apelación no surtió efecto. Desde la oposición, PP, UPN, Vox y Junts criticaron que el Ejecutivo Sánchez recurriera a un decreto con medidas heterogéneas y reclamaron que la revalorización de las pensiones se tramitara de forma aislada.
Tras la votación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apresuró a lanzar un mensaje de tranquilidad a los más de diez millones de pensionistas. Fuentes del Ministerio garantizaron que las pensiones del mes de enero se abonarán con normalidad, incluida la revalorización del 2,7%, ya que la norma estuvo vigente hasta el mismo día de su derogación parlamentaria. “El cobro está asegurado”, subrayaron.
Ese incremento supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para quienes perciben una pensión media de jubilación, mientras que la pensión media del sistema aumentaría en torno a 500 euros anuales. Desde Seguridad Social aseguraron que el Gobierno “trabaja intensamente” para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso de que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad, pese a lo que califican como la “irresponsabilidad” de algunos grupos parlamentarios.
El Ejecutivo denunció que PP, UPN, Vox y Junts hayan decidido “dejar en vilo” a casi diez millones de personas y les emplazó a explicar por qué no apoyaron la subida. El veto resulta, a juicio del Ministerio, especialmente grave en el caso de las pensiones mínimas y de las prestaciones no contributivas.
Duras acusaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al Partido Popular de “tomar como rehenes” a los jubilados y recordó que ya en 2013 congeló las pensiones al desvincularlas del IPC. En la misma línea, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, calificó de “irresponsable” la actuación de la derecha y defendió que la subida de las pensiones responde a un mandato legal del Pacto de Toledo y a una cuestión de justicia social.
Con este rechazo, el Gobierno de España suma ya cinco decretos ley derogados en el Congreso durante la legislatura. Mientras el Ejecutivo prepara un nuevo texto para intentar salvar la revalorización de las pensiones, el pulso político continúa. De momento, los pensionistas cobrarán en enero. El futuro de la subida, sin embargo, sigue pendiente del acuerdo.
Abono de transporte
Por otro lado, sí salió adelante el decreto que prorroga las ayudas al transporte público a partir del 1 de enero y para todo 2026 y del abono único de transportes. Pese a las críticas de Junts y Esquerra Republicana (ERC) al estado de Rodalies en Catalunya durante el debate de la iniciativa, finalmente decidieron votar a favor de la convalidación del texto. El único partido que votó en contra de la norma fue Vox. El decreto fija para los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años los viajes son gratis, el bono de diez viajes mantendrá el 40% de descuento, el abono mensual nominativo el 50% y el abono joven hasta los 26 años el 70%.
"Dejan tirados a millones de pensionistas"
La diputada del PSN en el Congreso Adriana Maldonado ha afirmado que "el trío formado por PP, UPN y Vox ha vuelto a dejar tirados a millones de pensionistas y miles de personas vulnerables al votar en contra de un nuevo decreto social" en la Cámara Baja -en la votación en la que Junts también se ha posicionado en contra-.
"Se rechazan unas medidas que protegen al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables. Por eso, deberán explicar lo inexplicable, porque no están golpeando al Gobierno de España o a Pedro Sánchez, están golpeando a millones de pensionistas", ha afirmado Maldonado en una nota.
La diputada socialista ha asegurado que "a las derechas no les importan las personas o lo que la subida de las pensiones puede ayudar a millones de pensionistas, 140.000 en Navarra, si no que solo buscan llegar al poder".
