Los papeles del 23-F: mucho ruido y pocas nueces

Quien esperase que la desclasificación de los documentos secretos referentes al 23-F iba a desentrañar los grandes enigmas que pesaban -y siguen pesando- sobre la célebre intentona golpista se ha llevado una decepción. Quizás era pecar de ingenuos pensar que la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez iba a ser ese rayo de luz que disipara todas las sombras que han rodeado durante 45 largos años a uno de los episodios clave en la historia moderna del Estado español. Más aún cuando todavía, pese a la muerte el mismo día de la publicación de esos papeles del autor material del asalto al Congreso, Antonio Tejero, algunos de sus actores principales siguen vivos. Entre ellos el rey emérito, Juan Carlos I, cuyo rol en esta trama se ha puesto tantas veces en entredicho. Quienes desconfían de la versión oficial que le posiciona como el cortafuegos que impidió la propagación del levantamiento limitar tienen, en las 153 unidades documentales desclasificadas, poco a lo que agarrarse para reafirmar sus sospechas de que estuvo detrás de la organización de la asonada. No existen, al menos entre la documentación sacada ahora a la luz, ninguna grabación de las llamadas que aquel 23 de febrero de 1981 realizó desde el Palacio de la Zarzuela. A falta de pruebas concluyentes, nada cambia y cada cual se mantendrá en sus trece a la hora de situar al padre del actual monarca en el grado de responsabilidad en el que le ubicaba antes de una desclasificación que ha traído consigo más ruido que nueces.

La única reconstrucción de los hechos es la realizada por el CESID -el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, en la que el anterior monarca se afana con éxito en detener la sublevación, lo que ha dado alas a quienes ya comulgaban con la versión oficial para zanjar el asunto y consagrar al ahora caído en desgracia Juan Carlos I como salvador de la por entonces joven y endeble democracia. El mismo miércoles, poco después de que los documentos se colgaran en la web de la presidencia del Gobierno, el ministro Félix Bolaños se apresuraba a remarcar que de ellos se desprende que “todas las instituciones y todos los partidos políticos de la época lucharon y defendieron la democracia”. Más allá en las loas al emérito iba el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que la desclasificación de los papeles del 23-F “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”, por lo que considera “deseable” su regreso a España.

Desde el PSOE y el PP dan por enterradas las “teorías de la conspiración” al asumir a pies juntillas el “sucinto relato” que hace el CESID del día de autos. En él se destaca, por ejemplo, la negativa de Juan Carlos I a que quien años antes habido sido su instructor militar, preceptor e incluso secretario general de la Casa Real, el general Alfonso Armada, uno de los promotores de la insurrección, se personara en la Zarzuela una vez dado el golpe. O la rotundidad con la que ordenó al teniente general Jaime Milans del Bosch, que había sacado los tanques a la calle en Valencia tras imponer el estado de excepción en aquella región militar, la retirada de las unidades movilizadas. “Quien se subleve, está dispuesto a provocar y será responsable de ello, un nueva guerra civil” es una de las frases que el dossier del CESID atribuye al rey en su llamada al orden al golpista. 

Sin embargo, pese a que más de un periodista especializado en el 23-F ha deslizado que se grabaron todas las llamadas realizadas por Juan Carlos I ese día, no hay entre la documentación revelada ahora ningún audio ni transcripción que refleje la “conversación muy tensa” que el entonces jefe de Estado mantuvo por teléfono con el general Armada entre las 20.00 y las 21.00 horas. Es esta una circunstancia que alimenta las dudas de los incrédulos hasta el punto de ver algunos en esta desclasificación “una nueva operación de blanqueo del papel del jefe del Estado”, como señalaba el portavoz de IU, Enrique Santiago. El actual líder del PCE también mostró su extrañeza por la presencia, entre los documentos sacados a la luz, de uno sin firma en el que se apunta a la existencia de una nota dirigida por “teóricos” del partido al secretario general de entonces, Santiago Carrillo, en la que advierten del peligro que supone “dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor” para “incidir en la implicación del rey en el golpe” y plantear “un jaque-mate a la monarquía” con el objetivo de “destrozarla como institución democrática”. Un nota que, como indica Santiago, curiosamente no aparece en los archivos históricos del PCE.

“Ya no puedo volverme atrás”

Quienes, como el portavoz de IU, están convencidos de que el rey estaba al tanto de lo que se cocía, ven en otros legajos claves que dan crédito a sus tesis. Por ejemplo, en la nota en la que un espía del CESID informa a sus superiores de que en “círculos castrenses” de Santander se asegura que Juan Carlos I se entrevistó “confidencialmente” con Milans del Bosch antes del juicio en el que este, junto con Armada y Tejero, fue condenado por rebelión militar. El objetivo de la charla sería asegurarse de que la Corona no saliera “lesionada en el proceso”. Otro dato desvelado el pasado miércoles que da cuerpo a sus sospechas está en la transcripción de la conversación telefónica mantenida la noche del 23-F entre estos dos mismos protagonistas. En ella, después de trasladarse su decisión de “mantener el orden constitucional”, el rey se dirige a Milans del Bosch, en referencia a su histórica intervención televisiva emitida unos minutos antes, con una enigmática frase: “Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”.

Panfletos y bulos

Otra circunstancia que podría apoyar la teoría del lavado de cara de Juan Carlos I es la desclasificación de un documento sin firma que apunta a una campaña, supuestamente orquestada por los abogados defensores de los militares juzgados con el apoyo de grupos de ultraderecha, para difundir rumores falsos en torno a la implicación del monarca. En los “panfletos” adjuntos se esgrimen “bulos” como que el emérito se reunió con Armada en Baqueira en las Navidades previas al golpe; que forzó la dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; en un intimidatorio encuentro con altos mandos militares; que envió a sus hijos -Elena, Cristina y el actual rey Felipe- a Inglaterra en las fechas en las que se consumó el asalto al Congreso o que visitó la Casa de Juntas de Gernika el 4 de febrero de 1981 sabedor de que los incidentes que se producirían soliviantarían aún más a las Fuerzas Armadas. 

El único dato novedoso y fidedigno relativo a la trama del golpe lo aporta el informe de los servicios de inteligencia en el que se constata que hasta seis miembros de laAgrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID “o bien conocían los hechos antes del 23 o planificaron un apoyo operativo” a la intentona y que posteriormente trataron de encubrir su participación. Solo dos de ellos fueron en su día juzgados por unos hechos en los que sus autores contaron con “posturas de solidaridad” por parte de otros compañeros de la unidad. Aunque la implicación de agentes del CESID en el golpe no puede calificarse de sorprendente, si llama la atención que alcanzara tal nivel de impregnación en ese órgano.

La amenaza del "separatismo"

Por lo demás, lo más relevante de la documentación desclasificada quizás esté no en lo relativo específicamente al 23-F en sí, sino en lo referido al contexto social y político de esas fechas. Es el caso del Informe semestral sobre la amenaza interior que el coronel director accidental del CESID, Narciso Carreras, traslada con fecha de 9 de marzo de 1981 -dos semanas después del golpe-a la presidencia de la Junta de Jefes del Estado Mayor (PREJUJEM). Elaborado el 10 de febrero, dos semanas antes de la asonada, en él se definían las cuatro grandes amenazas que podían poner en peligro la estabilidad de un régimen “en periodo de consolidación” y que por ello “ofrece una especial vulnerabilidad”. Entre ellas, las acciones involutivas con “respaldo militar” ocupaban el tercer lugar en grado de gravedad, solo por encima de las actividades revolucionarias de grupos de izquierda y por debajo del terrorismo y del “separatismo”, en especial en “Vascongadas”. Por ello, el documento contemplaba la posibilidad de una “intervención de las FAS (Fuerzas Armadas) más o menos prolongada” en caso de producirse alguna “actitud insurgente” de masas populares o de “desobediencia civil”, alguna “declaración unilateral de independencia” o un “salto” de la actividad terrorista “que diese paso a la guerrilla”. 

Juan Carlos I, "objetivo a batir"

Otro documento manuscrito, en este caso sin autor registrado, que ha despertado interés es el que reflejaba las diferentes opciones de levantamiento contra el Gobierno presidido por Adolfo Suárez existentes a finales de 1980 y evaluaba su viabilidad. Contemplaba operaciones civiles de diferente tinte ideológico con la participación de destacados políticos del momento como Herrero de Miñón, Martín Villa, Fraga o Antonio Garrigues Walker; otras de corte estrictamente militar y algunas mixtas. En ese mismo manuscrito se apuntan también las “consignas” que los militares españoles dan sobre cómo actuar tras el 23-F y entre ellas está la de considerar a Juan Carlos I como “objetivo a batir y anular” tras constatar que fue un error “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero” en el golpe de febrero de 1981. Bajo la necesidad de hacerse con el control “de todos los resortes del poder” para “impedir la rotura de la unidad de España”, se plasma en este documento una planificación detallada de la Operación Halcón. Se trataba de nueva sublevación programada para la víspera de las elecciones del 28 de octubre de 1982 que ganó con mayoría absoluta el PSOE y que contemplaba la “neutralización” del presidente Suárez, de varios ministros y de políticos como Felipe González, Carrillo, Fraga o el militar retirado Gutiérrez Mellado y de sindicalistas como Nicolás Redondo y Marcelino Camacho. El Gobierno desarticuló el intento deteniendo a tres altos oficiales y trasladando después a Milans del Bosch de la Academia de Artillería de Fuencarral, desde la que estando bajo custodia militar presuntamente tuvo contactos para llevar a cabo la sublevación, a Algeciras para continuar con su condena por su participación en el golpe del año anterior. 

“No hay ningún secreto”

Los expertos en el estudio del 23-F coinciden en restar importancia a lo sacado a la luz tras la desclasificación. Javier Cercas, autor del libroAnatomía de un instante, crónica novelada de la asonada, afirmaba este jueves que “el gran secreto del 23-F es que no hay ningún secreto” y añadía: “Algunos documentos que se están dando por nuevos ya estaban publicados, y los que no no hacen más que confirmar lo que sabíamos”. El historiador Julián Casanova iba un paso más allá al asegurar que veía “clarísimo” que faltan “documentos importantes en torno a por qué nadie se enteró de esa conspiración”, señalando especialmente al rey Juan Carlos. A su juicio, es “increíble” que este no tuviera conocimiento de la intentona. Y si bien considera que “no hay duda por la documentación disponible” de que el 23 de febrero de 1981 lo paró el rey, eso no quiere decir que “Juan Carlos no sabe lo que se está cociendo y no tiene una participación”. Las sombras no se han despejado. Cabe pensar que para este viaje no hacía falta tanta alforja. Pero, al menos, queda la esperanza de que esto abra la espita para que, con más éxito, en un futuro próximo se pueda arrojar luz sobre pasajes de nuestra historia tan negros como la trama de los Gal, la muerte de Mikel Zabalza o los sucesos de Gasteiz de los que este martes se cumplirá medio siglo.