Las personas con antecedentes penales podrán ejercer el voluntariado salvo en aquellos casos en los que esa actividad tenga que ver con la naturaleza del delito que cometieron. Es una novedad que se ha introducido este jueves en el Parlamento de Navarra en el debate de la reforma de la ley foral del Voluntariado, una ley enviada por el Gobierno de Navarra al Legislativo y que inicialmente contemplaba que las personas con antecedentes penales no pudieran ejercer el voluntariado.
Sin embargo, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han expresado su disconformidad con esta prohibición general y han pactado una enmienda junto con el PSN para que se limite la prohibición solo "en acciones de voluntariado relacionadas directamente con la naturaleza del delito" que cometieron, una decisión con la que desde UPN y PPN han sido muy críticos, considerando que se trataba de una "cesión" a EH Bildu para que condenados por terrorismo puedan ser voluntarios.
Este apartado de la ley queda redactado de la siguiente forma: "No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia sobre la mujer, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de toda persona, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo en acciones de voluntariado relacionadas directamente con la naturaleza del delito. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos".
La ley ha sido aprobada con el voto favorable de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que EH Bildu se ha abstenido y UPN, PPN y Vox han votado en contra.
LEY FORAL DEL VOLUNTARIADO
En términos generales, el proyecto de ley foral del Voluntariado, que actualiza la ley de 1998, integra nuevas formas de acción solidaria, incluida la digital, e incorpora instrumentos de planificación, formación y coordinación como la Red Navarra del Voluntariado y la Escuela de Acción Voluntaria.
En concreto, entre los instrumentos previstos destaca el Plan de Voluntariado de Navarra, una herramienta estratégica para la planificación, el impulso y la orientación de las políticas públicas en esta materia.
En ese marco, se impulsa también la Red Navarra del Voluntariado, entendida como instrumento de cooperación entre administraciones públicas, entidades de voluntariado y otros agentes implicados en la promoción de la acción voluntaria.
El texto prevé también medidas destinadas a reforzar la formación y el reconocimiento del voluntariado, en este caso mediante la creación de la Escuela de Acción Voluntaria. Se trata de un ente orientado a la capacitación de las entidades y personas voluntarias, así como al impulso de la profesionalización y la calidad de los programas implementados.
Paralelamente, la norma se ocupa de regular el registro de entidades de voluntariado, dirigido a ordenar y visibilizar el tejido asociativo que desarrolla su actividad en la Comunidad foral.
La norma da cauce también a la regulación del Consejo Navarro del Voluntariado, órgano consultivo y participativo destinado a canalizar la colaboración entre administraciones y entidades sociales.
REACCIONES DE LOS GRUPOS
La parlamentaria del PSN Úrsula Pardo ha defendido la importancia de la reforma de la ley, centrándose en la polémica por los antecedentes, y ha explicado que con los últimos cambios introducidos se pretende "poner en el centro el objeto del voluntariado, garantizando una mayor protección del mismo, y que una persona condenada por violencia de género no haga tareas de voluntariado con mujeres víctima de violencia de género".
La parlamentaria de UPN Raquel Garbayo ha sido crítica con el PSN, al que ha acusado de haber "cedido para que los condenados por terrorismo puedan acceder al voluntariado". "Desde UPN fuimos muy claros y lo seguimos siendo. Para nosotros no hay delitos pasables y delitos no pasables, no hay delitos buenos y delitos malos, hay delitos, hay que tratarlos con la misma seriedad, objetividad y responsabilidad, porque ¿qué pasa? ¿Que alguien tenga antecedentes por delitos de terrorismo no importa? ¿Puede acceder a la labor de voluntariado?", ha planteado, para reprochar a la parlamentaria socialista que "ha hablado simplemente de la violencia de género, pero no ha dicho absolutamente nada de los delitos del terrorismo".
La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha explicado que su grupo no estaba "conforme ni con el fondo ni con las formas" que se han seguido en la tramitación de la ley. "Nos resulta incoherente para un sector de la sociedad en lo referido a la prohibición de acceso al voluntariado a personas con antecedentes penales", ha dicho, para señalar que su grupo quiere la supresión de este artículo, aunque ha aceptado firmar la enmienda que lo modifica. "La utilización de los antecedentes penales es una medida totalmente punitiva, un uso abusivo de los medios de la intervención penal. Nos parece una medida excluyente y discriminatoria que supone la inclusión de una barrera social a un colectivo que en determinada norma foral se reconoce como vulnerable".
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha explicado que a su grupo le generaba "dudas y problemas" el apartado sobre antecedentes penales, pues establecía "una prohibición general de acceso al voluntariado para personas con determinados antecedentes penales no cancelados" y lo hacía "de forma amplia, automática y sin atender a circunstancias concretas, a la naturaleza de la actividad voluntaria o al proceso de reinserción de la persona".
La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha considerado que el PSN "acaba de destrozar el consenso que se había alcanzado con las entidades de voluntariado y con los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara cediendo ante sus socios, principalmente ante EH Bildu". "Acaban de destrozar la ley. La ley de voluntariado venía a esta Cámara con un consenso amplísimo, no solo de las entidades sociales, sino de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, y ustedes son responsables de habérselo cargado", ha dicho.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha reconocido que el tema de los antecedentes es "el que más nos ha traído de cabeza" y ha indicado que "a la pena interpuesta, en este caso por el poder judicial, se añadía una pena administrativa". "Hacer una prohibición genérica a las personas que tengan determinados antecedentes implica pensar que no son personas capaces de reinsertarse verdaderamente en la sociedad", ha señalado.
El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha rechazado la ley "porque bajo la excusa de actualizar la norma de 1998, lo que hace es imponer una visión burocrática ideologizada". "Esta ley convierte el voluntariado en un apéndice de la Administración y en un vehículo de la ingeniería social", ha criticado.
