Desde 1960 y hasta 2011, ETA asesinó en Navarra a 42 personas, según la compilación realizada por Relatos de Plomo. Solo la mitad de ellos han tenido acceso a ayudas económicas con la ley foral 9/2010 en la mano, la norma que ahora el Gobierno foral quiere reformar y adaptar.
Según datos de la dirección general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra solicitados mediante petición de información pública, el número de víctimas mortales indemnizadas total o parcialmente por el Gobierno de Navarra llega a 26.
La ley de 2010, propuesta en su día por el PSN y en funcionamiento durante los últimos años de Gobierno de UPN, ponía como fecha tope de petición de ayudas el 31 de diciembre de 2012. Ese año se produjeron los reconocimientos de 21 víctimas mortales, por un montante total de 1.757.000 €. Al año siguiente, en 2013, otras dos víctimas mortales intentaron acogerse a las ayudas del Gobierno de Navarra, pero sus solicitudes fueron rechazadas por haberse formulado fuera de plazo. Lo mismo le ocurrió a otra víctima mortal en 2014.
No fue hasta 2017, y ya con otro gobierno –el de Uxue Barkos– cuando volvió a haber otra indemnización por víctima mortal: una indemnización parcial de 31.197 €. Al año siguiente, en 2018, otra víctima mortal pudo acogerse al máximo de ayuda previsto por Navarra: 75.000 €, el 30% de la indemnización de 250.000 € que prevé el Estado para casos en los que no hay sentencia judicial. En 2022, y con el PSN al frente del Gobierno de Navarra, llegó otra indemnización parcial a una víctima parcial: 9.842 €. En 2023 se produjeron las dos últimas indemnizaciones parciales a dos víctimas mortales, ambas por valor de 33.530 €.
Aparte de las víctimas mortales, esta ley sirvió para que 31 personas heridas de distinta consideración durante atentados hayan podido acceder a ayudas económicas y asistenciales. En el caso de las víctimas de funcionarios públicos, Navarra habrá pagado alrededor de 3 millones de euros en ayudas cuando acabe el presente año.
