El Consejo de Ministros aprobó este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una hoja de ruta con la que el Gobierno Sánchez aspira a intervenir de forma estructural en uno de los principales problemas sociales: el acceso a la vivienda. Con una dotación de 7.000 millones de euros —el triple que el programa anterior—, el Ejecutivo español pretende impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, rehabilitar el parque residencial existente y reforzar las ayudas al alquiler, con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables. Sin embargo, el plan no contenta ni a su socio de gobierno de coalición, Sumar, que, al igual que Podemos, cree es "muy insuficiente" al no incluir medidas fiscales o regulatorias más ambiciosas para frenar la acaparación de viviendas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió el alcance del plan subrayando su carácter social y su vocación de permanencia. “Garantizamos que ningún euro de financiación vaya a la especulación, sino al derecho a la vivienda”, afirmó tras la reunión del Consejo, en la que también puso el foco en los mecanismos de control que incorpora el nuevo marco.
Entre ellos destaca la inclusión de una cláusula antifraude que obligará a que todas las viviendas financiadas con fondos públicos se adjudiquen mediante procedimientos “objetivos, transparentes y trazables”. La medida responde a episodios recientes como el de Alicante, donde, según denunció la ministra, se produjeron irregularidades en el reparto de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Rodríguez criticó escenas de colas masivas organizadas por intermediarios privados: “Esto no es un concierto, es un derecho”, insistió, reclamando mecanismos públicos que eviten que el acceso a la vivienda dependa de prácticas opacas o arbitrarias.
El plan se articula en torno a tres grandes ejes: construir, rehabilitar y proteger. El 40% del presupuesto se destinará a ampliar el parque de vivienda protegida de manera permanente, blindando su uso para evitar procesos especulativos. Otro 30% irá dirigido a la rehabilitación de viviendas ya existentes, con ayudas específicas para mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la estructura de los edificios. El 30% restante financiará ayudas directas, como el apoyo a la emancipación juvenil o la reducción del esfuerzo financiero en zonas tensionadas.
En el ámbito de la construcción, el programa contempla ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda destinada al alquiler asequible, que pueden alcanzar los 102.000 euros si se ubican en zonas tensionadas y utilizan técnicas industrializadas. Los precios de alquiler estarán limitados —en torno a 900 euros mensuales para una vivienda tipo— y se garantizará la protección permanente del inmueble. Además, se incentivará la urbanización de suelo con reserva de vivienda protegida y la colaboración público-privada.
Movilización de la vivienda vacía
Otra de las líneas clave será la movilización de vivienda vacía. El Estado financiará hasta el 70% —y hasta el 85% en zonas tensionadas— de la adquisición de inmuebles por parte de las comunidades autónomas para destinarlos a alquiler asequible. También se incentivará a particulares con ayudas de hasta 25.000 euros para ceder sus viviendas a la administración, que las gestionará con rentas limitadas.
En materia de rehabilitación, las ayudas podrán alcanzar los 50.000 euros por vivienda en actuaciones que combinen mejoras estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética, con especial atención a cascos históricos y entornos rurales. Asimismo, se prevén incentivos para recuperar viviendas desocupadas durante largos periodos.
El tercer eje, centrado en la protección social, incluye ayudas al alquiler de hasta 300 euros mensuales para jóvenes y de 250 euros para hogares vulnerables. También se contemplan hasta 15.000 euros para la compra o construcción de vivienda en pequeños municipios, así como cobertura integral del alquiler —hasta 1.000 euros— para víctimas de violencia de género.
El plan nace bajo el paraguas de la Ley por el Derecho a la Vivienda y ha sido elaborado tras un proceso participativo que incluyó 28 reuniones con comunidades autónomas y más de 400 aportaciones del sector. El Estado asumirá el 60% de la financiación, mientras que las autonomías aportarán el 40%, aunque el Gobierno español adelantará este año la totalidad del esfuerzo para acelerar su puesta en marcha.
El calendario prevé reuniones técnicas inmediatas y una conferencia sectorial en mayo para distribuir los fondos, con el objetivo de desplegar las medidas en el segundo semestre. Andalucía, Madrid y Cataluña concentrarán las mayores partida
Con este plan, el Ejecutivo busca no solo aliviar las tensiones actuales, sino redefinir el modelo de vivienda en España. “No es una respuesta tangencial, sino un cambio estructural”, defendió Rodríguez, apelando a la corresponsabilidad de las comunidades autónomas para garantizar su éxito. Sin embargo, el portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, expresó que, a su juicio, el PSOE "se equivoca" en su estrategia con el mercado de la vivienda
