El empresario Julio Martínez Martínez, "lugarteniente", según cree el juez, de la presunta red del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pactó una comisión del 3 % por el proyecto para crear el macroproyecto de ocio de Hard Rock en Tarragona, un plan que ha generado mucha división en Catalunya.
El auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó al exlíder socialista hace referencia a este polémico proyecto, que incluso llegó a precipitar un adelanto electoral, el que decidió el president Pere Aragonès (ERC) en 2024 tras el bloqueo de los comunes a los presupuestos regionales.
Comisión
El auto explica que en la investigación se han intervenido contratos entre el Grupo Adelsa y una empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, Idella Consulenza Strategica, para buscar oportunidades de negocio y para su intermediación, y se documenta una oportunidad de negocio el 1 de abril de 2022 relativa al Hard Rock en Tarragona, por 2.000 millones de euros.
Al principio el contrato incluía una contraprestación del 3%, después una primera adenda lo fijaba entre el 1% y el 3% y definitivamente una segunda adenda estableció la retribución en el 3%.
Además, Cristóbal Cano, que según el juez era el "gestor del entramado societario", pidió eliminar del borrador del contrato la palabra comisión por orden de Julio Martínez Martínez, una solicitud que le hizo a Santiago Fernández Lena que, según el magistrado, era un gestor de una supuesta empresa instrumental, Caletón Consultores.
Según la información aportada por Hacienda, no consta "ningún pago" de Grupo Adesa a Idella "por lo que los contratos descritos no habrían sido materializados". Sí consta que la constructora Aldesa, propiedad de un grupo empresarial chino, pagó 133.100 euros a Análisis Relevante, otra empresa propiedad de Julio Martínez.
El juez considera que la "instrucción expresa de eliminar la palabra comisión", junto al análisis de la documentación intervenida, permite inferir que estas operativas se articularían "mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones".
El juez considera que Idella Consulenza Strategica es una empresa que juega un "papel central" en la trama y la considera el "vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero".
Un proyecto polémico con 14 años de historia
Las negociaciones que se reflejan en el auto ocurrieron en la primavera de 2022, pero el proyecto del Hard Rock lleva bloqueado más de una década. Su anuncio se remonta a 2012, cuando Artur Mas era president y se presentó como alternativa al fallido proyecto de Eurovegas. En 2014 se acordaron beneficios fiscales al juego, como aliciente para los promotores y en 2016 se aprobó el plan director, aunque en 2020 un juez obligó a reformularlo, algo que todavía no ha ocurrido.
El compromiso de Aragonès con el PSC para acelerar la tramitación del proyecto provocó el bloqueo de los presupuestos y el adelanto electoral. En la nueva legislatura, en 2025, el Parlament derogó las rebajas fiscales aprobadas, volviendo a situar el gravamen aplicable al juego en grandes casinos en el 55 %, en vez del 10 % fijado en 2014.
Los últimos planes comunicados por Hard Rock contemplan dos hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, todo ello tras una inversión inicial de unos 700 millones que podría alcanzar los 2.000 millones.
