El juez afirma que la declaración de Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad"

La historia judicial de España ha escrito este miércoles una página inédita, cargada de una enorme tensión política, gran simbolismo y hasta una inusitada banda sonora. José Luis Rodríguez Zapatero ha cruzado las puertas de la Audiencia Nacional, convirtiéndose en el primer expresidente del Gobierno español de la democracia en sentarse ante un juez en calidad de investigado. En el exterior del tribunal, el ambiente rozaba lo surrealista: más de doscientos periodistas pugnaban por captar la mejor imagen, decenas de ciudadanos proferían gritos de reproche y, como extravagante telón de fondo, un cuarteto de cuerda contratado por la asociación Hazte Oír interpretaba lúgubres marchas fúnebres. En el interior, sin embargo, el compás lo marcaba el magistrado José Luis Calama, quien ha sometido al exlíder del Ejecutivo a un exhaustivo escrutinio en el marco del caso de la aerolínea Plus Ultra.

El saldo de la maratoniana jornada resulta agridulce para el exmandatario. Zapatero logró salir del edificio de la misma manera en que entró: en libertad y sin cargar con la imposición de ninguna medida cautelar restrictiva. No obstante, el auto emitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción tras la comparecencia resulta contundente en sus apreciaciones preliminares. Según subraya el magistrado en su escrito, tras su declaración, el expresidente "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" que continúan pesando sobre él, los cuales derivan de una extensa multiplicidad de fuentes de prueba.

Durante el interrogatorio, que se ha prolongado a lo largo de casi cuatro horas, Zapatero arrancó con un potente alegato de principios. Afirmó entender que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se alegró de tener, por fin, la oportunidad de aclarar las sospechas. Su línea de defensa fue tajante. Negó categóricamente haber ejercido algún tipo de influencia sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr la concesión del polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia. Rechazó de plano ser el "vértice" de ninguna trama corrupta y aseguró no haber interactuado con la cúpula de la compañía hasta este mismo año 2024, cuando conoció a su presidente, Julio Martínez Sola.

Para justificar los cuantiosos ingresos ahora bajo sospecha, ofreció su versión sobre sus labores privadas tras abandonar La Moncloa. Sobre los 490.780 euros recibidos de Análisis Relevante —empresa de su amigo Julio Martínez Martínez—, el expresidente español esgrimió que respondían a un contrato verbal como consultor internacional experto en Latinoamérica, que abarcaba la redacción de informes y reuniones periódicas. Asimismo, justificó los 239.755 euros que ingresó la sociedad de sus hijas desde esa misma mercantil como puros honorarios por labores de marketing y diseño. Para apuntalar su transparencia, entregó al juzgado una "autorización universal voluntaria" para rastrear cualquier activo a su nombre en el extranjero, negando tener sociedades en Dubái u operar para ocultar comisiones del 1% del rescate público.

Se niega a declarar por la joyas

Sin embargo, la comparecencia tuvo evidentes zonas de sombra, marcadas por el silencio estratégico en dos frentes fundamentales. El primero: las conversaciones intervenidas al empresario venezolano Rodolfo Reyes por una agencia de Estados Unidos, donde directivos de la aerolínea le llamaban "pana" y hablaban de "tocar puertas". Su abogado, Víctor Moreno Catena, justificó el silencio alegando que son comunicaciones impugnadas y pidió a EE.UU. que aclare la legalidad del clonado del móvil. El segundo frente, la aparición de joyas tasadas en 1,3 millones de euros en su despacho. Zapatero declinó dar explicaciones sobre estos zafiros, rubíes y esmeraldas, pidiendo tiempo al juez bajo la promesa de hablar en unos días, dado que el informe pericial es muy reciente y no consta acreditación de su liquidación aduanera ni tributaria.

Finalizado el interrogatorio, la Fiscalía Anticorrupción, con la adhesión del PP, solicitó la retirada de su pasaporte, prohibición de salida de España y comparecencias quincenales; mientras que acusaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa reclamaron, de forma subsidiaria, la prisión provisional. El juez Calama desestimó todas las peticiones impartiendo una lección de rigor jurídico. Argumentó que, aunque los indicios —basados en dispositivos incautados, sociedades instrumentales, transferencias bancarias y el millonario tesoro no justificado— persisten con solidez, la "visibilidad pública" de Zapatero y su "manifiesto arraigo" imposibilitan cualquier riesgo de fuga real y actual. Tampoco aprecia riesgo de destrucción de pruebas, pues estas ya fueron intervenidas. Adoptar cautelares supondría una "restricción injustificada de derechos fundamentales" y "una pena anticipada", dictó Calama, requiriéndole únicamente un teléfono y correo electrónico para su localización inmediata.

Horas más tarde, el expresidente emitió un comunicado apelando a la confianza ciudadana y asegurando que "la verdad se abrirá paso". Reconociendo que lo más doloroso es saber que mucha gente "pueda sentirse defraudada", concluyó reafirmando que siempre actuó "con decencia y honradez". Así cierra un hito histórico que lo mantiene bajo una densa e intrincada nube de sospechas judiciales.