La Diputación plantea que los guipuzcoanos no paguen más de 25 euros al mes en peajes
Los usuarios del ViaT podrían hacer un uso ilimitado de la ap-8 y ap-1 con el cambioLa propuesta solo se aprobará si tiene el visto bueno de la oposición y beneficiará a 15.000 familias aproximadamente
Donostia. Así, independientemente del trayecto elegido y la frecuencia con la que se utilicen los peajes, los conductores guipuzcoanos abonarían un máximo de 25 euros mensuales por el uso de las dos autopistas. Solo deberían cumplir tres condiciones para beneficiarse de esta ventaja: disponer del sistema de pago ViaT, estar empadronado en el territorio y no tener deudas con Hacienda. Los conductores pagarían como hasta ahora con el sistema ViaT y, a final de mes, se les devolvería todo el dinero, excepto los 25 euros fijados por la Diputación.
Eso sí, para que la medida se haga efectiva, será necesario contar con el respaldo de al menos otro grupo político en las Juntas Generales. Porque Bildu solo cuenta con 22 de los 51 escaños de esta cámara y no podría aprobar una norma foral de este calado en solitario. Por de pronto, solo el PSE se ha pronunciado para mostrar su "desacuerdo inicial", aunque indicó que "analizaría" la propuesta antes de determinar su posición final. El resto todavía no ha valorado públicamente la iniciativa.
"Acabar con la sangría" La portavoz foral y diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, informó ayer de que esta propuesta pretende terminar con la "sangría" que supone el actual sistema de peajes para los guipuzcoanos.
A su juicio, la tarificación vigente es "injusta y discriminatoria" para las comarcas lindantes a las dos autopistas. "Un vecino de Behobia paga 84 euros al mes para ir a trabajar a Donostia y los de Tolosa, en cambio, no pagan un solo euro en peajes para llegar a la capital", argumentó.
El Gobierno de Bildu cree que "no es de recibo que los trabajadores tengan que dejar ingentes cantidades de dinero en peajes" y por eso confía en que el resto de formaciones apoyen su propuesta para que pueda entrar en vigor "en diciembre".
Ugarte estimó que alrededor de 15.000 familias se beneficiarían con este cambio, que supondría una pérdida de 1,2 millones de euros a las arcas de Bidegi, la sociedad que explota las autopistas del territorio.
Ante tal pérdida, Ugarte defendió que "la justicia social tiene que primar ante la recaudación". Y recordó que su Gobierno había planteado la posibilidad de encarecer los peajes durante los meses de verano, a fin de suplir este agujero. Como se recordará, este incremento tarifario durante la temporada estival preveía obtener entre "1,5 y 2 millones de euros", pero no salió adelante por el rechazo de la oposición.
polémica por las formas La propuesta de establecer un precio máximo para los conductores guipuzcoanos llegó solo un día después de que la ponencia de peajes quedara aplazada para septiembre. Y esa coincidencia crispó al grupo juntero del PSE, al considerar que el Gobierno foral debía haber presentado su iniciativa en este foro en el que están representados todos los partidos políticos.
La portavoz del PSE en las Juntas Generales, Rafaela Romero, opinó que la decisión de la Diputación "solo responde a una estrategia electoral de la izquierda abertzale". Desde su punto de vista, la presentación se ha realizado con "nocturnidad, alevosía, mala fe, a espaldas de las Juntas Generales de Gipuzkoa y sin tiempo para pedir información", porque el periodo de sesiones finaliza el 6 de julio.
Para Romero, no informar sobre esta iniciativa en la ponencia supone una "falta de respeto a los grupos junteros, así como al personal de las Juntas Generales y a las personas que han comparecido en esa Ponencia".
"Nos ha hecho perder un año porque, en todo este tiempo, Ugarte no ha presentado una propuesta sólida", agregó.
Sin embargo, la Diputación defendió su actitud, aduciendo que la ponencia de peajes "solo es un invitado". Además, señaló que "no puede seguir esperando al resto de formaciones" para presentar propuestas porque el PNV y al PSE, criticó, "intentan sabotear la ponencia".
Ugarte explicó que la propuesta será debatida a partir de septiembre y, si logra un consenso suficiente, podría entrar en vigor "para diciembre".
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