¿Cómo denunciar una suplantación de identidad?
esta práctica fraudulenta se ha convertido en una de las más extendidas en las redes sociales
pamplona. España encabeza, junto con Bulgaria, el ranking de países europeos con mayor porcentaje de víctimas de robos de identidad on line. Un 7% de la población afirma haber sufrido violaciones de la privacidad, frente al 4% de media de la Unión Europea. Entre estas prácticas fraudulentas cabe citar el phishing, la usurpación de cuentas de correo y, en los últimos años, la suplantación de identidad en las redes sociales. Gran parte de responsabilidad en el auge de este fraude está en manos de las propias, que permiten abrir perfiles falsos con una facilidad asombrosa. La legislación española no considera esta suplantación como un delito en sí mismo (salvo que implique un perjuicio manifiesto para la reputación de la persona afectada), así que, salvo en estos casos, en los que resulta preferible dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la solución más efectiva pasa por ponerse en contacto con la red social. Tanto Twitter como Facebook cuentan con formularios en sus páginas para denunciar la suplantación, pero ambas empresas tienen visiones diferentes sobre este asunto. Twitter considera que se ha producido una usurpación de identidad cuando se finge ser otra persona o empresa con la intención de engañar (sin embargo, no lo ve como un fraude si hay una intención paródica, siempre que el perfil deje claro que se trata de una cuenta falsa). También entiende como usurpación el uso de una marca registrada de una empresa sin consentimiento, así como ocupar ilegalmente e intentar revender un nombre de usuario. Cuando se produce una denuncia, la empresa se compromete a investigar y cancelar la cuenta si se demuestra la violación. Por su parte, Facebook, además de permitir denunciar la usurpación de identidad (para ello, hay que dirigirse al perfil impostor y hacer clic en el enlace "Denunciar a esta persona"), ofrece la posibilidad de denunciar infracciones de la propiedad intelectual. Su gran fallo es que no permite tener constancia automática de que realmente se está tramitando la denuncia.
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