La Red de Pobreza pide acatar la voluntad ciudadana que marca fin social en la renta

pamplona. La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra exige al Parlamento una ley definitiva que atienda realmente la voluntad de la ciudadanía navarra que marca la casilla de fines sociales (Fondo 0,7%) en su declaración de la renta, una reivindicación en la que llevan "peleando" diez años y con un marco normativo desde 2009 que el Gobierno foral incumple.

En una situación de "extrema necesidad y emergencia social", los colectivos que trabajan con las personas en dificultades se encuentran, por un lado, con que la demanda de atención se ha disparado y, por otro, que los recortes presupuestarios para los programas sociales han sido "brutales", relató ayer Patricia Ruiz, de Médicos del Mundo. Las entidades se encuentran "desbordadas" con una Navarra sobre la que pesa un 21% de pobreza, el 24% de pobreza infantil, 58.000 personas en paro y 21.000 familias sin ningún ingreso. "La situación de muchas familias es desesperada y a las entidades nos están ahogando. Ésta es una llamada de socorro porque estamos actuando como en el Sahel", agregó.

La red pide una modificación o una nueva ley que "definitivamente cumpla con la voluntad de la ciudadanía, que posibilite el trabajo de las entidades sociales de Navarra y que sea una herramienta eficaz y complementaria para la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Navarra". Se quejan de su situación de "desventaja" respecto a las del resto del Estado que "acceden a sus convocatorias autonómicas para exclusión social, dependencia y discapacidad, y cooperación (dependientes del presupuesto) y, además, a la convocatoria estatal del IRPF", mientras que en Navarra se han sustituido las convocatorias autonómicas poniendo Fondo 0,7%. Se eliminan partidas de ayudas sociales de diferentes departamentos a cargo del 0,7%", abundó Ubaldo González, para quien simboliza la participación democrática y "la voluntad de cada vez más ciudadanos, y es muy grave para la Democracia que no se cumpla". Es una "miseria" dentro del presupuesto, unos cinco millones, y expresa el "compromiso" de entidades sociales con las necesidades urgentes de la sociedad donde es "responsable" la Administración, por lo que pidió que de forma urgente se modifique la ley para funcionar en 2014.

Señalan, además, que si bien la última modificación dejó claro que el fondo solo puede ir destinado a las entidades sociales "y no ser libre de disposición del Gobierno como se había pretendido", sigue sin cumplirse la condición de que todos los fondos se apliquen por la vía de la concurrencia competitiva y que no haya asignaciones nominativas. Recuerdan asimismo que el 0,7% de fines sociales depende única y exclusivamente de la campaña de la renta y no debe depender del presupuesto foral. Destacan que a fecha de mayo no ha salido ninguna convocatoria en el ámbito de exclusión social, "y llevamos cinco meses en negativo".

Consideran también necesaria una revisión de los grupos de acción ya que en la ley foral se añadieron dos grupos específicos, atención de desempleados sin prestaciones y apoyo a la ley de autonomía, que "tenían un carácter temporal justificado por la situación económica".

José Antonio Rapún, de UPN, apoyó la demanda y la aplicación de la ley, ya que para junio se "conoce" la recaudación y hay un plazo hasta fin de año para sacar las convocatorias y resolverlas, expuso. Por parte del PSN, Mª Victoria Arraiza indicó que es "razonable" la propuesta para que todas las convocatorias sean a principio de año y "en todos los ámbitos", que no haya partidas nominativas y se definan los ámbitos. Bikendi Barea de Bildu dijo es labor del Parlamento "esta modificación lo antes posible para no incurrir en errores pasados". Por Aralar-NaBai, Xabi Lasa, consideró "fundamental la no dependencia de los presupuestos y que no someta la voluntad social a ese corrector". "Estáis reivindicando lo que es justo", señaló del PPN, Amaia Zarranz. Igualmente el portavoz de I-E, Txema Mauléon, dijo que el Gobierno maniobra para restar dinero de las políticas sociales a cargo del 0,7% cuando es "una parte de los impuestos añadida a fines sociales". De Geroa Bai, Patxi Leuza incidió en que por parte de todos hay un acuerdo que debe posibilitar que la modificación se apruebe.