Afectados por el fraude de Asfi piden hasta 24,5 años de prisión para Gil

pamplona. Afectados por el llamado caso Asfi, el supuesto fraude cometido en la administración de casi un centenar de comunidades de propietarios de la Comarca de Pamplona, han presentado ya en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona los escritos provisionales de acusación, en los que llegan a solicitar hasta 24 años y medio de cárcel para el empresario Iñaki Gil San Sebastián, al que imputan apropiación indebida, estafa, insolvencia punible y alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, o corrupción entre particulares, entre otros delitos.

En concreto, la calificación que efectúa tal petición corresponde a los vecinos de las comunidades de Paseo Donantes de Sangre 18 de Pamplona, Comunidad de propietarios Juslarocha 42-46 Cruz de Barcacio 17-21 Raimundo lanas 19-21 y Joaquín Lizarraga 5 de Pamplona, Comunidad de propietarios Travesía Karrobide 2, Avda. Pamplona 10, Oihanpea 21, Karrobide 21, de Villava y Comunidad de propietarios calle y plaza puertas de Pamplona del 2 al 16 y del 9 al 17 Sarriguren, comunidad de propietarios de Irunlarrea nº 5 y Agrupación Larraimburua, que suman 483 domicilios.

Según el escrito confeccionado por la abogada Carmen Sala, en el curso de la instrucción "se ha comprobado que Gil, que es la persona que administraba los fondos de las comunidades de vecinos y que realizaba los cobros y los pagos inherentes a las mismas, distrajo e hizo suyas de modo continuado en distintas fechas, en detrimento de las comunidades de propietarios y en beneficio propio", cantidades que constan en el informe pericial, cuyo destino final no se ha podido determinar.

doble contabilidad Para poder llevar a cabo las apropiaciones indebidas, el empresario, que se mantiene en prisión provisional, "llevaba una doble contabilidad presentando a los vecinos unas cuentas alteradas que se recogieron en las actas. No llevó a cabo la correcta inclusión de las actas en los libros correspondientes y abrió sin el permiso de las comunidades y sin su conocimiento cuentas bancarias en la entidad Caja Rural y realizó numerosas transferencias no consentidas".

Asimismo, según esta parte, "Gil y las personas que le ayudaban habían abierto fondos de inversión en Caja Rural de Navarra los cuales no volvieron a las comunidades. También solicitaron una línea de crédito se debía saldar a fecha 31 de octubre de 2011". Dichos plazos fijos "garantizaban una línea de crédito solicitada a fin de financiar las inversiones realizadas en Dos Hermanas (Sevilla) para la compra de una empresa adjudicataria de la construcción de viviendas VPO".

Según se desprende de las cuentas corrientes analizadas por la Guardia Civil y del interrogatorio de testigos y acusados, "parte del dinero proveniente de las comunidades de vecinos se utilizó para negocios e inversiones de Gil: pagos de las obras de la promoción Entrenúcleos, inversiones en fondos y empresas y pago de sus gastos personales, como por ejemplo un coche".

Por otra parte, esta acusación sostiene que Gil, con ayuda y participación de su esposa, "creó una empresa llamada Lex Servicios Jurídicos, mediante la cual "se facturaron servicios no realizados, se realizaron actuaciones no solicitada (que facturaron) y algunas de esas actuaciones no se realizaron debidamente, perdiendo juicios monitorios y ejecuciones por falta de seguimiento de las actuaciones judiciales interpuestas".

Estos afectados reclaman para Gil un total de 24 años y medio de cárcel al apreciar los delitos de apropiación indebida continuada con agravante de abuso de relaciones personales, estafa reiterada agravada, insolvencia punible y alzamiento de bienes, administración desleal, blanqueo de capitales proveniente de delito, falsificación de documento mercantil o privado, y corrupción entre particulares. Por su parte, para E.C.L., apoderada de Asfi, pide 9 años de cárcel por apropiación indebida, administración desleal y falsificación de documento mercantil o privado, mientras que para la esposa de Gil, G.Q.S., la petición de prisión es de 4 años por un delito de estafa.