Juicio al dueño de Asfi, su mujer, la apoderada y un director bancario

pamplona - La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha acordado la apertura de juicio oral contra el dueño de Asfi, Iñaki Gil San Sebastián, su esposa G.Q.S, la apoderada E.C.L. y el director de una entidad bancaria A.E.S., que serán enjuiciados por la Audiencia Provincial de Navarra en los próximos meses como supuestos autores del fraude cometido contra casi un centenar de comunidades de vecinos situadas en la Comarca de Pamplona que eran administradas por Asfi.

En un auto dictado esta semana, la juez Mari Paz Benito requiere a cada uno de los acusados diferentes cantidades en concepto de fianza, con apercibimiento de embargarles bienes para asegurarla en el caso de que no lo hagan: a Ignacio Gil le insta a consignar en el juzgado 2.300.000 euros; a G.Q.S, 63.000 euros; a E.C.L., 15.530 euros y a A.E.S., 134.000 euros. Además, declara la responsabilidad civil directa de las entidades aseguradoras "de acuerdo con los límites contenidos en las pólizas concertadas", y la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Rural de Navarra, a quien le requiere que deposite fianza por importe de 134.000 euros

La juez ha decretado que el empresario, que se mantiene en prisión provisional, sea juzgado por un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil continuado; un delito continuado de estafa; un delito de insolvencia punible y alzamiento de bienes; un delito de corrupción entre particulares; un delito de administración desleal o administración fraudulenta; y un delito de blanqueo de capitales.

Gil está acusado de apropiarse de más de un millón de euros de 81 comunidades de propietarios, al desviar dinero de sus cuentas a sus empresas o negocios. Además, realizó múltiples transferencias bancarias entre unas comunidades y otras, destinando el dinero de los vecinos a fines distintos a los autorizados.

En lo que respecta a su esposa, G.Q.S., después de que las acusaciones particulares hayan formulado sus escritos provisionales de calificación, la juez abre juicio contra ella por un delito de apropiación indebida continuada en concurso medial con un delito de falsedad continuada en documento mercantil; por un delito de blanqueo de capitales; y un delito de estafa. Está acusada de apropiarse de dinero de las comunidades mediante una empresa de la que era administradora única, Lex Servicios Jurídicos, facturando servicios legales que realmente no se prestaron.

Por su parte, E.C.L., trabajadora de confianza de Gil, será enjuiciada por un delito de apropiación indebida continuada; un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad documental; un delito de estafa; y un delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes. Se le acusa de ser la titular de una cuenta a la que se desviaron fondos de comunidades.

Por último, la juez dictamina que A.E.S., director de una oficina de Caja Rural, sea juzgado por los delitos de apropiación indebida continuada; blanqueo de capitales en concurso con un delito de falsedad documental; y un delito de estafa. Está acusado de cooperar con Gil al constituir un fondo a plazo fijo de 100.000 euros con dinero transferido de varias comunidades de vecinos sin las autorizaciones correspondientes.

Propone citar a cien testigos

Presidentes de comunidades. El juicio por el caso Asfi, que se prevé que se celebre este año,se presume duradero. La teniente fiscal Ana Carmen Arboniés ha propuesto un centenar de testificales, incluida la citación de los presidentes o miembros de las 81 comunidades de propietarios perjudicadas por el supuesto fraude. Además, plantea que sean llamados a declarar una decena de trabajadores o colaboradores de los imputados, así como cinco agentes de la Guardia Civil que realizaron la investigación. Asimismo, solicita que declare como testigo el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Peio Mendia. En cuanto a las periciales, destaca la citación de la autora del informe contable que analiza los movimientos bancarios supuestamente fraudulentos.