pamplona - Representantes de la Comisión por el Derecho al Aborto reclamaron ayer en el Parlamento foral que articule “todas las medidas necesarias” para que el Gobierno de UPN garantice las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la red sanitaria pública y manifestaron que, en caso de que el Ejecutivo no lo cumpla, “tendríamos que pensar que está prevaricando”.
El tema del aborto volvió ayer a la sede parlamentaria donde, por la mañana, la mayoría progresista aprobó una moción, presentada por I-E, por la que se insta al Gobierno de Navarra a que retire el recurso que tiene interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La resolución fue aprobada con los votos de PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai, mientras UPN y PPN la rechazaron.
En nombre de la Comisión por el Derecho al Aborto, Maite Arraiza Zabalegui y Patricia Oloriz Espinal, manifestaron que en Navarra se puede garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la red sanitaria pública, para ser madre o para no serlo. Criticaron “una vez más” la situación de “desobediencia manifiesta” del Gobierno de Navarra en lo que se refiere “al cumplimiento de los mandatos sobre las interrupciones voluntarias del embarazo y su realización en los centros públicos”.
Tras recordar que el Plan de Salud 2014-2020 prevé que sean centros del sistema público los que asuman las IVE, precisaron que alrededor del 97% de los abortos en el Estado se realizan en la actualidad en centros privados, un porcentaje que en Navarra alcanza el 100%.
En este sentido, lamentaron que, además, en Navarra se llega al extremo “tan ridículo” de que las IVE que se realizan por medios farmacológicos, que son casi el 50%, también se hagan en clínicas privadas, pese a que “por su sencillez podrían llevarse a cabo en centros públicos”.
En opinión de las portavoces de dicha comisión ciudadana, esto se produce en el marco de las “políticas privatizadoras” que está llevando a cabo el Ejecutivo foral porque “prefieren concertar estas prácticas con las clínicas privadas para favorecer sus intereses”.
Criticaron que “siga habiendo episodios violentos por parte de los ultraconservadores y los ultracatólicos” en las puertas de la clínica de Ansoáin, que tiene concertadas con el departamento de Salud las intervenciones de embarazo, para “intentar impedir la privacidad de las mujeres”.
educación para evitarlos Recordaron también que hasta la Cámara de Comptos afirmó “rotundamente” en un informe que “las IVE son más económicas en los centros públicos” y defendieron que Navarra cuenta con “instalaciones preparadas y personal de sobra para realizar estas intervenciones”. En este sentido, señalaron que en el registro de médicos objetores, avalado ahora por el Tribunal Constitucional, “solo hay apuntada una persona” y que en el Plan de Salud 2014-2020, insistieron, también se contempla que los abortos se practiquen en el sistema público. “Exigimos el traspaso de las IVE a la sanidad pública, ya va siendo hora de que el aborto, que es un derecho, sea garantizado por el Gobierno foral”, reivindicaron. También aludieron al papel “protagonista” y la lucha desempeñada por el movimiento feminista en lograr que el PP de Rajoy no haya reformado la ley, y subrayaron la importancia de la educación sexual y el impulso de medidas de sensibilización y concienciación de prevención de embarazos no deseados, o programas específicos dirigidos especialmente a los sectores jóvenes e inmigrantes, entre otras iniciativas.
