Educación presiona a los centros para aplicar la prueba de la lomce
Inspección advierte, ante el creciente rechazo de padres y profesorado, de que el nuevo ‘Pisa Foral’ es “obligatorio”Este lunes empieza la polémica evaluación a 13.327 alumnos, una parte con sólo 8 y 9 años
Pamplona - El departamento de Educación ha recurrido al Servicio de Inspección para intentar frenar la protesta social y profesional contra la realización de pruebas de evaluación también a alumnos de 8 a 9 años, el llamado Pisa foral, en el marco de la aplicación de la polémica LOMCE, que comienza este lunes y que afectará a 13.372 escolares Primaria y ESO. Tras una campaña de recogida de cerca de mil firmas por parte de las dos principales federaciones de apymas de la red pública (Sortzen y Herrikoa), al menos 300 familias habían comunicado a los centros su postura contraria a que sus hijos fueran objeto de esta prueba ante lo cual el Servicio de Inspección ha “recordado” a las direcciones de los colegios que esta evaluación, como el resto de la legislación que la enmarca, es “obligatoria”. El departamento reitera que se trata de una prueba “diagnóstica” sin efectos en la promoción de los alumnos, pero una parte importante de la comunidad educativa no comparte esta visión y ha vivido esta orden interna a los centros como un intento de presionar o incluso de amedrentar tanto a padres que no quieren enviar a sus hijos a realizar esta prueba como a profesores y directores que tienen que programarla, pese a su postura crítica. En este sentido, el lunes, esas dos federaciones de apymas y los sindicatos Stee-Eilas, ELA y LAB han convocado actos de protesta. Aunque esta prueba ya tiene una tradición de varios años en la Comunidad Foral, los cambios introducidos en ella por el polémico Wert han motivado esta reacción de rechazo, especialmente por el adelanto en la edad del alumnado examinado y por que el resultado -aunque no influye en el paso de curso ni en la nota final- sí queda reflejado en el expediente con unas calificaciones más segregadoras y encasilladoras que las anteriores. Así, antes se hablaba de tres niveles neutros y ahora se usa la escala tradicional de insuficiente hasta el sobresaliente. Sortzen incluso señala que a algunos profesores se les ha advertido de posibles “expedientes”, aunque este extremo no está confirmado.
La polémica sobre estas pruebas, lejos de mitigarse, va creciendo. La inminencia de la fecha de su realización (entre el lunes 4 y el jueves 7 de mayo) en toda la red foral, la ha precipitado en dos sentidos. Por un lado, una parte de los padres y madres contrarios a la misma, que había recogido cerca de mil firmas de rechazo, han dado un paso más. De hecho, unos 300 habían remitido cartas a los centros señalando su negativa a que sus hijos e hijas, algunos de 8 y 9 años, sean sometidos a esta prueba. Algunos adelantan su intención de no mandarlos a clase. Ante esto, los respectivos profesores y tutores han realizado consultas a las direcciones de sus centros para consultar cuál debería ser su postura y actuación. Y estos, a su vez, han pedido información a sus inspectores correspondientes.
La respuesta del Servicio de Inspección, a través de su sección de Evaluación, no se ha hecho esperar. Y, en forma de instrucción dirigida a esos centros, ha remitido una comunicación con cuatro puntos y dos partes bien diferencias. En una parte se reitera la parte informativa y explicativa de las pruebas; pero en otra, se pone el acento en que tanto los centros, como los profesores y los consejos escolares deben acatar esta prueba como una parte mas de la ley estatal y su desarrollo foral de manera que otros acuerdos “carecerían de validez jurídica”, en referencia a que los consejos escolares puedan arropar el rechazo a la ley en éste y otros aspectos.
El Post-it
Lunes por la mañana, en todos los centros. Comienzan las pruebas de Competencia Lingüística (lectura) para 6.724 escolares de 3º de Primaria. 10 horas ante Educación. Un grupo de padres que recogió firmas expondrá públicamente las razones que les han llevado a rechazar esta evaluación y sus medidas en consecuencia.
18 horas, mismo lugar. Herrikoa y Sortzen convocan una concentración en el mismo lugar. Los sindicatos ELA, LAB y STEILAS respaldan esta iniciativas.
1. Según se indica en la Ley Orgánica 2/2006, artículo 20.3, los centros realizarán una evaluación individualizada en 3º curso “según dispongan las Administraciones educativas”. Es decir, la realización de esta evaluación es obligatoria para todo el alumnado. De idéntica manera se recoge en el Decreto Foral 60/2014.
“Tendrá un finalidad informativa y orientadora. Por sí misma, no tiene efecto académico...”.
2. El Departamento de Educación entiende la evaluación individualizada en esta etapa con un enfoque predominantemente diagnostico. Tendrá una finalidad informativa y orientadora para las familias y para los equipos docentes. Por sí misma, esta evaluación no tiene ningún efecto ni académico ni en la promoción del alumnado”.
“No se deriva que si suspende esta prueba no promociona...”
3. El artículo 20.2 de la citada Ley Orgánica indica que: “El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente a los resultados de la evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de Educación Primaria”. De este punto no se deriva que si un alumno suspende estas pruebas deba permanecer un año más en el mismo curso. La decisión de promoción corresponde al equipo docente del grupo.
“La dirección del centro no debe oponerse al debate, pero sí informar de la legislación...”
4. Por otro lado, el Consejo Escolar de Centro carece de competencias para anular aspectos académicos establecidos normativamente, por Ley, como la citada evaluación; por lo que, en caso de plantearse un posicionamiento en contra de la evaluación, la Dirección del centro no debe oponerse al debate, pero sí informar sobre la legislación al respecto y que determinados acuerdos carecerían de validez jurídica.
(*) Texto íntegro de la instrucción remitida por la sección de Evaluación del Servicio de Inspección Educativa
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